EE UU, en pie de guerra contra la droga

Estados Unidos está en pie de guerra contra la droga. La Cámara Baja del Congreso está dispuesta a que se utilice al Ejército dentro de las fronteras y pide que se aplique la pena de muerte a los traficantes. Los sondeos reflejan que el problema de la droga tiene prioridad para los norteamericanos, muy por encima de las preocupaciones económicas o del peligro de un conflicto nuclear. Y las elecciones legislativas de noviembre están a la vuelta de la esquina. Todos se quieren subir al tren de esta cruzada.

Ronald Reagan y su esposa, Nancy, tenían previsto dirigirse en la madrugada de hoy por televisión al país para anunciar la mayor y más cara batalla jamás emprendida contra esta plaga. Ya se habla de gastar entre 3.500 y 6.000 millones de dólares en los próximos años en esta lucha.El objetivo del presidente es convertir a las drogas en algo socialmente inaceptable en Estados Unidos, "movilizando a todos los sectores de la sociedad". La batalla contra el tráfico y consumo de estupefacientes se sigue por televisión en las salas de estar de América como en los años setenta se asistía a la guerra de Vietnam. Cuando un país como éste coge un tema y lo convierte en una bandera a menudo cae en la exageración. La presión social sobre los consumidores ha provocado ya que, en California, una niña de 12 años acuda a la policía para denunciar a sus padres cocainómanos.

No son heroinómanos

En la Casa Blanca, el presidente y el vicepresidente se han sometido voluntariamente a pruebas de orina para demostrar -algo por lo demás evidente- que no son heroinómanos y para concienciar al país de lo que se le viene encima.La Administración ya ha decidido que más del 50% de los funcionarios federales (algo más de un millón de personas), que trabajan en puestos sensibles y comprometidos para la seguridad nacional o de los que depende la seguridad física de los ciudadanos, pasen pruebas de droga. Un primer resultado positivo se saldará con un tratamiento, pero al segundo, los reincidentes podrán perder su empleo. Una tercera parte de las grandes empresas privadas estadounidenses ya realizan estas pruebas con sus empleados. Estos tests funcionan únicamente bien en algo más del 50% de los casos y producen también muchos falsos positivos, lo que convierte su eficacia en algo muy polémico.

La Cámara de Representantes aprobó el jueves gastar 1.500 millones de dólares (unos 198.000 millones de pesetas) en el año fiscal que comienza el. próximo 1 de octubre en esta cruzada. Al presidente, que pretende que sea la iniciativa privada y no sólo el contribuyente quien pague esta guerra, esto le parece mucho dinero, y el lunes presentará su propio plan. Los legisladores han ido más lejos que nunca y han aprobado que Reagan pueda utilizar al Ejército para sellar las fronteras del país e impedir la llegada de drogas. La ley sanciona el uso de las Fuerzas Armadas para la persecución en caliente de los traficantes; dentro del país y ordena al presidente el despliegue de navíos y aviones militares a lo largo de las fronteras.

Si este paquete legislativo es finalmente aprobado por todo el Congreso, algo muy improbable, provocaría una situación sin precedentes en la historia de este país. Para muchos esa legislación es inconstitucional, al romper la tradicional separación que prohíbe a los militares ejercer funciones de policía para hacer cumplir la legislación civil. El Pentágono se opone porque cree que sería perjudicial para "el proceso democrático y para el propio Ejército".

Exportación del Ejército

Se espera también que el Senado se oponga a esta medida, y el propio presidente no parece dispuesto a llegar tan lejos. Reagan, sin embargo, ya ha exportado al Ejército norteamericano a una polémica operación antidroga en Bolivia. La ley permitirá también inmediatas suspensiones de la ayuda exterior e incluso la imposición de sanciones económicas contra los países productores de droga que no cooperen con la Administración norteamericana.La Cámara de Representantes, contagiada por el ambiente que destilan los sondeos de opinión y decidida a rentabilizarlo políticamente, fue aún más lejos. Los representantes, ante las críticas de los defensores de las libertades civiles, aprobaron la pena de muerte para los traficantes de drogas condenados también por asesinato.

La Cámara dio, asimismo, luz verde para que puedan utilizarse, en los juicios relacionados con drogas, pruebas obtenidas ilegalmente a través, por ejemplo, de registros no autorizados por el juez.

Para un legislador demócrata disidente -el sector liberal demócrata en la Cámara aprobó la utilización del Ejército- estas medidas suponen "el equivalente legislativo de una rabieta". "Esta ley es como el crack (la nueva forma de cocaína en chinas). Produce un gran efecto a corto plazo pero causa un daño permanente al sistema y es cara", explicó el representante demócrata por Massachussets, Barney Frank.

En la campaña de las elecciones de noviembre (se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado) no hay candidato que no prometa limpiar de drogas su vecindad, el patio de la escuela de sus hijos y los puestos de trabajo de su distrito. "Si hemos conseguido frenar a los rusos, ¿no podemos acabar con un puñado de traficantes colombianos?", se pregunta un aspirante a congresista por Luisiana.

Ya nadie se atreve a proponer, como hasta hace poco, la despenalización del consumo de marihuana. Se está produciendo una carrera para ver quién demuestra más celo contra la droga.