La Caixa demanda a Banca Catalana por una supuesta deuda de 2.000 millones

La Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros (La Caixa) tiene presentada desde enero, ante el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Barcelona, una demanda contra Banca Catalana y dos empresas instrumentales de ésta -Acti y Plau-, reclamando la recompra de 1.493.000 acciones de Catalana valoradas por la primera en más de 2.000 millones. La demanda se basa en un contrato que firmaron ambas en 1979, cuando La Caixa acudió en socorro de Catalana adquiriendo el 7% de su capital para paliar problemas de liquidez.

La Caixa suscribió el 27 de julio de 1979 un contrato con Banca Catalana por el que se comprometió a adquirir 333.000 acciones de la entidad a un valor nominal de 1.000 pesetas cada una, y a participar en las sucesivas ampliaciones de capital que efectuase dicha banca mientras La Caixa participase en la entidad. Los representantes de las empresas instrumentales y de Banca Catalana en contrapartida se comprometieron a recomprar las acciones una vez transcurridos tres años de la operación, si La Caixa lo solicitaba, devolviendo lo pagado más un 14% anual de intereses.Las acciones eran propiedad de las sociedades Acti y Plau, SA, firmas instrumentales de Banca Catalana que al parecer actuaban como autocartera (títulos en poder de la propia sociedad). Coincidiendo con esta operación, La Caixa efectuó un préstamo hipotecario a Banca Catalana, que ofreció como garantía el edificio de la sede central de la entidad, en la avenida Diagonal, de Barcelona.

En virtud de este pacto La Caixa acudió puntualmente a las ampliaciones de capital de Banca Catalana. En el mes de febrero de 1980 Catalana convocó una ampliación de 1.046 millones de pesetas, ofreciendo dos acciones nuevas por cada nueve antiguas. La Caixa acudió, adquiriendo 74.066 acciones y desembolsando más de 133 millones.

En diciembre de 1982, y dentro de la operación acordeón a que se sometió Catalana, La Caixa adquirió 1.086.310 acciones, desembolsando más de 1.086 millones. La suscripción de este último paquete provocó ciertas fricciones entre la.s dos entidades. La Caixa comunicó a Catalana que acudía a la ampliación en virtud a los pactos suscritos en 1979 y que, por consiguiente, se beneficiaba de los términos del acuerdo. Los nuevos administradores de Banca Catalana, sin embargo, contestaron que aceptaban la ampliación, pero sin ninguna condición.

La adquisición de este último paquete de acciones coincidió con el fin del plazo de tres años establecido en el contrato, a partir del cual La Caixa podría reclamar a Acti, Plau o a Banca Catalana la recompra de las acciones y el pago de los intereses. El 17 diciembre 1982 La Caixa se dirigió a Acti y Plau para que cumpliera su parte del contrato. Ante el silencio de estas sociedades instrumentales requirieron a Catalana que acatara su compromiso, a lo que ésta se negó alegando, entre otras razones, que el pacto tenía "dudoso valor jurídico".

En septiembre de 1985, como ambas entidades no llegaban a un acuerdo, se planteó una primera acción judicial, celebrándose semanas más tarde un acto de conciliación sin avenencia. Ahora ha trascendido que el pasado mes de enero el abogado de La Caixa, presentó una voluminosa demanda contra Acti, Plau y Banca Catalana.

Un portavoz de Banca Catalana afirmó a este periódico que las discrepancias entre ambas entidades radican en el precio de las acciones adquiridas antes de 1982, ya que estos títulos fueron convenientemente depreciados -a una peseta cada valor- dentro de la operación de saneamiento realizada por el Fondo de Garantía de Depósitos. El portavoz aseguró, además, que la nueva administración de Banca Catalana, dependiente del grupo Banco de Vizcaya, no tiene ningún tipo de responsabilidad con los acuerdos adoptados por los anteriores consejeros.

Los perjudicados

El litigio judicial iniciado por La Caixa plantea, en el fondo, los posibles perjuicios económicos ocasionados a particulares en la crisis de Catalana. Hasta ahora los defensores de los querellados han argumentado, como dato esencial, que los problemas de la entidad se saldaron sin perjudicados. En un reciente documento presentado a la Audiencia por los abogados de los ex administradores querellados, se insiste en la ausencia de perjudicados y se asegura que "el ministerio fiscal defiende una acusación en el vacio, sin un sujeto pasivo claramente determinado" y que "las alusiones a la defensa de los accionistas, de la economía nacional y de los fondos públicos, están totalmente fuera de lugar".La demanda presentada por La Caixa demuestra que sí hubo posibles perjudicados, aunque en este caso haya optado por plantear una reclamación por la vía civil, eludiendo la acción penal.