Tres policías, denunciados como dueños de máquinas tragaperras en clubes de alterne

Al menos tres inspectores de policía de Valencia han sido denunciados ante la autoridad judicial como miembros de una sociedad dedicada a la explotación de máquinas tragaperras instaladas en clubes de alterne de esta ciudad. Los agentes pertenecen a los dos grupos policiales que han intervenido, por orden judicial, en la investigación y cierre de locales nocturnos donde había sospechas de que se ejercía la prostitución.

El hecho fue descubierto de manera casual cuando el propietario de uno de los clubes precintados por orden judicial tramitó ante el juzgado competente -el 14 de Instrucción, cuyo titular es Guillermo Forteza- un escrito solicitando permiso para retirar unas máquinas tragaperras de su interior. La petición fue cursada hace poco más de una semana por la esposa de Miguel Martínez Sala, dueño de un local situado en una zona del camino de las Moreras, de Valencia, que es el principal centro de la prostitución en la ciudad.Lo que en principio hubiera podido ser un asunto de mero trámite empezó a adquirir importancia cuando la mujer, atendida en principio por un oficial del juzgado, fue requerida a presencia del juez. Forteza se extrañó por sus dudas respecto a los nombres de los propietarios de las máquinas, y ordenó que fuera llamado su esposo, que esperaba en la antesala.

Martínez Sala, visiblemente nervioso, acabó declarando que las máquinas no eran suyas, sino de una sociedad en la que, junto a él, figuraban Francisco Soriano Pérez, dueño de otro local vecino, y Ángel Ventimilla, inspector del Grupo Octavo de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, dedicado a investigar la delincuencia internacional y la prostitución. Citó también como relacionados en el negocio a otro inspector del mismo grupo, apellidado Abonjo, y a un tercer funcionario, Pedro Roncales, que forma parte del grupo policial que funciona en la Audiencia Territorial de Valencia.

Roncales es, junto al comisario José Luis Perales, jefe del Grupo Octavo, uno de los dos policías adscritos casi de forma permanente al Juzgado número 14 de Instrucción desde que su titular comunicara que había recibido varias amenazas de muerte tras haber ordenado el cierre de gran número de clubes nocturnos. Estas primeras operaciones contra la prostitución, a partir del pasado mes de mayo, fueron encomendadas precisamente al citado Grupo Octavo. Por razones no aclaradas, cuando el pasado 1 de julio iba a procederse al cierre de los locales donde se encuentran las citadas máquinas tragaperras, la acción corrió a cargo de un grupo adscrito directamente a la Audiencia.

Otra anomalía que investiga el juzgado es el hecho de que los dueños de estos clubes nocturnos del camino de las Moreras supieran del inminente despliegue policial con varias horas de antelación. Fuentes policiales aseguraron a este periódico que el chivatazo provino de un inspector "muy relacionado" con estas güisquerías.