El abogado de los Coca denuncia un 'pacto secreto' para quedarse con el control político de Banesto

El Banco Español de Crédito (Banesto) y la familia Coca se cruzaron ayer nuevas acusaciones, tras la decisión del primero de dar una nota de prensa explicando sus posiciones en el caso. En dicha nota, Banesto acusa a los Coca de presentar la querella para paralizar los embargos, de no tener fundamento alguno las acusaciones de falsedad y usura, y de falta de escrúpulos al vincular la muerte de Ignacio Coca a las gestiones del banco para cobrar su deuda. Horacio Oliva, abogado penalista de la familia, al conocer la nota de Banesto, afirmó que "el caso Coca ha consistido y consiste en una lucha por el control político de Banesto" y anunció que ampliará la querella al delito de estafa.

Banesto hizo pública ayer una nota de prensa de 10 puntos, explicando su postura sobre las deudas de Ignacio Coca, el banquero que se suicidó el pasado mes de junio. Esta nota contradice la anterior, una día después de la presentación de la querella criminal de los Coca en el Juzgado de Guardia, en la que afirmaba que no polemizaría en los medios de comunicación.En la nota se afirma que el origen del conflicto "es la reclamación, por parte del banco, de una deuda legítima cuyo pago se trata de eludir con la presentación de una querella criminal, que no tiene más objeto que paralizar la acción civil". Banesto entiende que la viuda y cinco hijos de Coca no han dudado en relacionar su muerte con las gestiones realizadas por la entidad para el cobro de la deuda, "sin escrúpulo alguno".

Además, el banco afirma que "carecen del menor fundamento" las acusaciones de falsedad en documento mercantil y usura, recordando que "los intereses aplicados a los créditos fueron del 8% y del 10% cuando los tipos de mercado eran aproximadamente el doble". Es más, en el momento de la fusión de Banesto y el Banco Coca, el banquero suicidado garantizó el buen fin de casi 37.000 millones de pesetas, importe de los créditos concedidos a 165 sociedades vinculadas a su persona, "la mayor parte de las cuales carecían de solvencia. Hay que señalar que, de esta suma, 26.484 millones de pesetas eran créditos nuevos, concedidos a espaldas de Banesto y con la sóla firma de Ignacio Coca". Según Banesto nunca se pagaron estos créditos ni sus intereses.

El banco afirma que tras el suicidio de Coca, sus herederos pretendieron retirar de las garantías la parte sustancial de sus bienes (palacete de Orfila, oficina, colecciones de pintura y obras de arte, acciones de Banesto) y 300 millones en efectivo para afrontar un pleito familiar. Banesto respondió con "una propuesta generosa, que permitía a los herederos retener todo lo ligado de manera más directa e íntima a la familia, pero tal propuesta fue rechazada de plano. Ante la evidente imposibilidad de llegar a un acuerdo y de cobrar la deuda, Banesto decidió iniciar la ejecución de los créditos vencidos".

Sindicación de acciones

Horacio Oliva, abogado penalista de los Coca, al conocer la nota de Banesto, lamentó "que se saque el caso del ámbito judicial en el que estaba". El abogado rechazó tajantemente las acusaciones del banco: "No es cierto que la querella se interpusiese para paralizar las acciones civiles de embargo. Es más, hemos pedido al juez que las acelere". Respecto a la parte de la querella criminal referente al delito contra la vida e integridad de Ignacio Coca, rechazada por el juzgado, Oliva manifestó que "la viuda e hijos únicamente han querido expresar su convicción moral de que el suicidio de su marido y padre se debió a la depresión síquica, motivada por las presiones de los hombres de Banesto; por ello no hemos recurrido la decisión del juez".

Oliva afirmó que la nota del banco "no explica las auténticas razones de la fusión de Banesto y Banco Coca. Estas razones fueron, en primer lugar, la intención de Banesto de recuperar el primer puesto en el ranking de bancos, perdido tras la absorción del Ibérico por el Central. Y en segundo lugar, y lo que es más importante, el control político de Banesto que se conseguiría después de firmarse la sindicación de las acciones de Ignacio Coca (entre él y su hermano tenían el 9%, más que el resto del consejo de administración junto) con la de dos altos cargos del banco". Oliva no quiso revelar el nombre de estos altos cargos, que pactaron secretamente con Coca para "asegurarse para siempre el control político de la entidad".

Nuevo delito de estafa

Por último, el catedrático de Derecho Penal rechaza que la querella criminal que preparó Marcial Fernández Montes esté vacía de contenido. "Los nuevos abogados la asumimos en su totalidad y además, la ampliaremos incorporándole el delito de estafa. Para ello nos basaremos en una figura denominada circunvención de personas incapaces". Horacio Oliva terminó afirmando que "el caso Coca ha consistido siempre, y sigue consistiendo en una lucha por el control político de Banesto". Según el abogado, en 1979 Ignacio Coca quiso pagar sus deudas porque tenía patrimonio para ello, pero Banesto no quiso porque su objetivo -cumplido- era pignorar las acciones; los acuerdos de pignoración se lograron "cuando, según el psiquiatra, Coca tenía anulada su capacidad de decisión. La negociación en nombre de Ignacio fue llevada por una persona que hoy ocupa un importante puesto en las sociedades de Banesto".