Una ley resucita las comarcas catalanas instauradas por la Generalitat republicana

El Pleno del Parlament aprobará hoy la división de Cataluña en 38 comarcas, con la oposición de la izquierda, que considera desfasado aplicar medio siglo después el mapa comarcal establecido en el año 1936 por la Generalitat republicana. La ley de Organización Comarcal es la segunda de las leyes de ordenación territorial que aprueba la Cámara catalana en la larga sesión parlamentaria que comenzó el pasado martes. Todos los municipios de Cataluña serán consultados antes de la entrada en vigor de la ley.

La primera de las leyes aprobadas recorta las competencias de las diputaciones provinciales y abre el camino para la conversión de Cataluña en una provincia única.Hoy se votará el proyecto que elimina la Corporación Metropolitana de Barcelona, organismo integrado por 27 ayuntamientos del área barcelonesa, y se comenzará a discutir la ley Municipal.

La división comarcal no entrará en vigor hasta que todos los municipios de Cataluña sean consultados, en un plazo de seis meses, sobre si aceptan o rechazan la adscripción a las comarcas que se delimitaron en 1936. A pesar de las críticas a la falta de adecuación a la realidad de estas tradicionales demarcaciones, la ponencia que elaboró la ley, con el apoyo de Convergéncia i Unió (CiU), Esquerra Republicana (ERC) y Alianza Popular (AP), optó por la aplicación del mapa diseñado hace más de 50 años.

La comarca será una entidad local de carácter territorial, formada por la agrupación de municipios, con un gobierno formado por un Consejo Comarcal, cuyos órganos serán el pleno, el presidente y la comisión de cuentas. Las funciones ejecutivas recaerán en un gerente.

Municipios pequeños

El número de consejeros comarcales estará en función de la población. La designación de los consejeros será por partidos, en proporción al número de votos. La ley prima el número de concejales sobre el número de votos, lo que beneficia a los municipios más pequeños en detrimento de los grandes. Este sistema, y el hecho de que aproximadamente un 35% de los ayuntamientos no estará representado en los consejos, ha sido uno de los elementos más criticados por parte de socialistas y comunistas por considerar que se distorsiona el voto popular. Alianza Popular mostró también su desacuerdo con la fórmula defendida por la mayoría convergente.

Financiación

Las competencias de estos consejos deberán determinarse por futuras leyes del Parlament autónomo, aunque la ley aprobada ayer especifica que se les deberán otorgar facultades en ordenación del territorio y urbanismo, sanidad, servicios sociales, cultura, deportes, enseñanza, salubridad pública y medio ambiente. La Generalitat catalana y los municipios podrán delegar competencias en las comarcas.Estos nuevos entes locales resucitados en la ley se financiarán por medio de ingresos de derecho privado, tasas, contribuciones especiales, participaciones en impuestos del Estado y de la Generalitat, subvenciones y otros ingresos de derecho público, multas y participaciones en los ingresos provinciales si asumen competencias de las diputaciones. Según recoge la ley, la Generalitat podrá establecer un porcentaje de participación a favor de los consejos comarcales en el futuro Fondo de Cooperación Local de Cataluña.