El 'informe Ferry'

La ilegalidad y la corrupción han manchado a la contra nicaragüense, señala el autor, que examina el uso del narcotráfico que han hecho los antisandinistas para recabar dinero y armas, incluso con ayuda de funcionarios de la Administración de Reagan.

Una de las acusaciones posiblemente ffiás perjudiciales del informe Kerry, un sumario parcial del contrabando ¡legal de armas por los rebeldes de Nicaragua o contras, es la de que el contrabando de armas estaba vinculado con el de cocaína y ambos se efectuaban con el conocimiento y cooperación -y hasta posiblemente bajo la dirección- de funcionarios norteamericanos. El informe, a fin de preservar la integridad de las investigaciones en curso, no incluye referencia al supuesto desfalco de fondos por los jefes de la contra o por los traficantes de droga, limitando su objetivo a la conspiración para el aprovisionamiento de armas. Pero Kerry ha admitido públicamente que "hemos recibido cantidad de acusaciones sobre las conexiones de la droga con los contras y con parte de la red del coronel North".Desde el primer día, la ¡legal¡dad y la corrupción mancharon a la empresa de los rebeldes. A la bien ganada reputación de los contras. por su merodeo indisciplinado y la brutalidad en sus operaciones militares se le une ahora una creciente imagen de criminalidad en la logística de sus suministros. Recordando su vergonzoso origen -una chusma de guardias ex somocistas, reunidos y financiados por la CIA y entrenados al principio por graduados de los escuadrones de la muerte argentinos- no es sorprendente que los contras hayan descendido a un mundo habitado por terroristas cubanos anticastristas, criminales contrabandistas de armas y traficantes de narcóticos. Además, la CIA tiene una larga historia de colaboración con traficantes de heroína durante sus guerras clandestinas anticomunistas en el sureste de Asia. Veteranos de la desastrosa invasión de la bahía de Cochinos y otros cubanos anticastristas que participan activamente en la red de apoyo a la contra han estado vinculados al tráfico de drogas en Miami desde mediados de la década de los 70.

Obstáculos

Así pues, es posible que haya sido inevitable que los aviones cargueros con base en el sur de EE UU acabaran llevando armas a la contra en América Central y regresaran con narcóticos. Desde agosto de 1986, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado ha estado examinando la conexión de la contra con la droga, pero, al igual que el Comité Kerry, se ha visto obstaculizado por la negativa del Departamento de Justicia a proporcionarle información.

La tolerancia para el contrabando de armas para la contra por parte de las autoridades aduaneras estadounidenses ¿preparó el camino para que se aceptara el comercio de la cocaína? ¿Hubo complicidad con otros funcionarios del Gobierno, incluyendo a la CIA y al Consejo Nacional de Seguridad? Las respuestas aparecerán en las investigaciones en curso, pero son cada vez mayores las pruebas de que hubo complicidad de funcionarios. Exactamente lo que los traficantes de armas habían de hacer para sortear las leyes nor teamericanas era lo igualmente necesario para introducir su brepticiamente drogas en este país. Un proceso federal, comen zado en mayo de 1986 por el Cristic Institute, una firma de abogados de Washington, acusó a 29 personas de esta red, muchas de ellas funcionarios en activo o jubilados del Gobierno norteamericano. Se les acusaba de conspirar para financiar la guerra contra Nicaragua con los ingresos procedentes del contra bando de cocaína. Afirmaba que "ingentes cantidades" de cocaína entraron de esta manera en EE UU desde 1983. Daniel Sheehan, un abogado del Cristic Institute, dice que los cubanoamericanos Felipe Vidal, Francisco Chanes, René Corbo y el norteamericano John Hull llegaron a un acuerdo con los traficantes de drogas colombianos, vinculados con el personaje clave de la cocaína, Jorge Ochoa; ellos traerían la droga a EE UU y apoyarían a la contra con los beneficios. Parte de este acuerdo era el asesinato del embajador norteamericano en Costa Rica, Lewis Tambs, culpando de ello a los sandinistas. Como embajador en Colombia había tomado una línea dura frente a aquella mafia de la droga; Ochoa, se dice, ofreció un millón de dólares por la cabeza de Tamb. El dinero se repartiría entre los conspiradores y la contra.

Existe la posibilidad de que la Administración de Reagan haya intentado impedir la investigación del tráfico de armas y de narcóticos. Según un ayudante de Kerry, Jonathan Winer, hay serias dudas sobre si al Departamento de Justicia, dirigido por un veterano confidente de Reagan, Edwin Meese, le interesa investigar las acusaciones de actividades criminales que rodean los embarques de armas a la contra. Estos dos últimos asuntos -corrupción del proceso democrático y obstrucción de la justicia- son, tal vez, los más serios de todos; si llegara a probarse esto, podría destruir la presidencia de Reagan. Después de todo, fueron precisarnente estos dos puntos los que derribaron a Nixon en 1974.

es profesor de Estudios Latinoamericanos de la universidad de Nueva York.