La izquierda y la presencia militar de EE UU en España

Coincidiendo con la ronda de negociaciones hispano-norteamericanas de los días 25 y 26 de junio, Izquierda Unida, tras haber planteado al Gobierno una interpelación urgente solicitando información sobre el curso de las mismas, presentó el propio día 25 una moción proponiendo la denuncia del convenio suscrito por España y Estados Unidos en junio de 1982, que entró en vigor el 14 de mayo de 1983, y al cual podría ponerse término antes del próximo 14 de noviembre.Como consecuencia de la interpelación antes referida quedó claro que el Gobierno español no tiene en estos momentos decidido el nivel de reducción de la presencia militar norteamericana en nuestro territorio. Se limita a decir que esa reducción va a ser moderada, flexible y realista, pero en ningún caso se compromete a que vaya a ser progresiva, tal como se establece en una de las tres premisas del referéndum del 12 de marzo de 1986. Una reducción progresiva significaría una disminución importante, con la idea de seguir en ese proceso incluso hasta llegar a cero.

Discriminación

Por otro lado, el Gobierno no se ha manifestado con claridad sobre dónde se harán posibles las reducciones, y en caso de producirse éstas fundamentalmente en Torrejón se originaría una discriminación inaceptable porque, reconociéndose la peligrosidad de las bases, se situaría a unos españoles en condiciones de mayor riesgo que a otros; así, lo lógico es reducir a cero en todas partes.

Por lo demás, en la contestación del Gobierno a la interpelación de Izquierda Unida se puso de evidencia el propósito del PSOE de mantener las bases militares norteamericanas en España, sin tener en cuenta las expectativas actuales de distensión y la posibilidad de España de contribuir a las mismas.

En la moción de Izquierda Unida del día 25 de junio pedimos la denuncia del tratado antes del 14 de noviembre de 1987 sobre la base de tres argumentos: mejora de la seguridad nacional, final de la hipoteca de la soberanía española y mayor participación de nuestro país en los proyectos de paz y desarme.

Actualmente, Estados Unidos tiene en España un total de cuatro bases militares y otras nueve instalaciones importantes. La base de Torrejón es uno de los cuarteles generales de la fuerza aérea norteamericana y cuenta con un ala táctica de 79 aviones F-16. En la base de Zaragoza hay un destacamento de reabastecimiento aéreo (los cinco célebres aviones cisterna), y otro tanto sucede con la base de Morón. En cuanto a la cuarta de las bases militares, la de Rota, es la estación naval más importante de la Marina de Estados Unidos en el Mediterráneo. Las otras nueve instalaciones son centros de comunicación (Estaca de Bares, Guardamar, Humosa, Inoges, Menorca, Sóller, Estartit), además de un centro meteorológico y sismográfico (Sonseca) y un polvorín en Cartagena.

Esa importante presencia militar norteamericana comporta el alto riesgo de que nuestro país sirve de base para el control aéreo y marítimo de la mayor superpotencia occidental, con fines que no son precisamente los de contribuir a la defensa de España, sino que nos convierten en una plataforma de posibles actuaciones de Estados Unidos en el Norte de África, Mediterráneo y Próximo Oriente. Adicionalmente, las bases son configuradas como zonas de acceso de refuerzos, en caso de emergencia, con la entrada de cientos de aviones y decenas de miles de soldados por los ejes de llegada previstos: las rías gallegas, Lisboa y Rota. Además, las bases constituyen piezas de una auténtica conexión nuclear por el tipo de aviones que las utilizan o que pueden utilizarlas (Orión P-3, B-52), sin olvidar que Torrejón es un centro técnico de espionaje que recoge datos sobre pruebas nuclares de otros países.

Hipoteca

El segundo argumento que, como portavoz de Izquierda Unida, expuse en el Congreso para pedir la definitiva cancelación de la presencia militar norteamericana en España es que ésta representa una hipoteca de nuestra soberanía. El artículo 1.2 de la Constitución -"la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado"- pasa a ser letra muerta cuando las decisiones del poder militar en verdad no emanan del pueblo español, sino del Gobierno de Estados Unidos, por mucho que quiera explicarse que esa situación es el resultado de tratados internacionales. Aparte de que esos tratados vienen de 1953, cuando Franco hizo dejación de la soberanía española, habiéndose mantenido hasta ahora aquella situación intolerable. La política de Franco produjo dos grandes secuestros: la Constitución de 1931, subsanada con la Constitución de 1978, y la hipoteca de nuestra soberanía con las bases de Estados Unidos, segundo secuestro que aún no hemos levantado. Ya va siendo hora.

El tercero y último de los argumentos de nuestra petición de acabar con la presencia militar norteamericana se basa en las nuevas posibilidades de distensión internacional. La opción supercero de retirada de armas nucleares de corto, medio y largo alcance en Europa, que apoyan ambas superpotencias, no debería ir seguida, como propone el secretario de Defensa de Estados Unidos, señor Weinberger, de mayores arsenales de armas convencionales. España no debería contribuir a esa política, sino que debería trabajar para resolver los problemas que pueda tener con sus vecinos y dejar de inventarse enemigos lejanos a los que, por otra parte, la mayoría de los observadores no consideran como nuestros enemigos. Así, en el llamado plan Schmidt, que pretende ir sustituyendo a la OTAN en Europa Central por un poderoso ejército franco-alemán (al que podrían incorporarse más adelante el Benelux, Italia y el Reino Unido), en esos planteamientos centroeuropeos no hay ningún interés por los países meridionales porque, como se ha subrayado reiteradamente, existe el convencimiento de que ni Grecia ni Portugal ni España se sienten amenazadas por la URSS.

Distensión

En definitiva, la responsabilidad de la izquierda está bien clara: contribuir a la paz por la vía de la distensión y resolver, en nuestro caso concreto, un viejo problema histórico suscitado en 1953 por una dictadura que ya terminó hace más de 10 años. Los que quieren bases militares "para contribuir a la defensa occidental, etcétera", difícilmente pueden considerarse ya en una posición de izquierda en nuestro contexto. Ni siquiera el tema de los valores occidentales puede respaldar su postura. Países corno Suecia, Suiza, Austria y Finlandia tienen tanto o más respeto que España por los llamados valores occidentales y, sin embargo, para desarrollarlos no necesitan participar en bloques militares ni tener fuerzas extranjeras de las superpotencias en sus propios territorios.

Con su rechazo a una política de distensión como la planteada por Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados el pasado día 25, el PSOE, que recibió el apoyo de Alianza Popular y de otras formaciones de derechas, ha renunciado a uno de los puntos más significativos de lo que puede ser hoy día una política progresista para España.