Juicio sin intérprete

EL PAÍS del 22 de septiembre publica la noticia de la suspensión de un juicio por falta de intérprete. No es nada nuevo, aunque ya era hora de que salieran a la luz hechos así. Entre 1982 y 1984, siendo yo vocal de la junta directiva de la Asociación Profe-sional Española de Traductores e Intérpretes (APETI), se suspendieron unos setenta por la misma razón. Asistí entonces a juicios en los que se utilizaban como intérpretes a camareros, amas de casa e incluso funcionarios de las propias embajadas que solicitaban la extradición de algún acusado. No tuve ocasión de asistir a otros en los que, según fuentes muy cercanas a los hechos, parece ser que se han llegado a utilizar los conocimientos lingüísticos de presos, sacados exprofeso de las cárceles. He oído errores de bulto en traducciones realizadas por no profesionales, que causaban una indefensión patética, y he intentado en vano que se recurriera al cuerpo de intérpretes jurados, al que pertenezco. He actuado en los juzgados y en la Audiencia Nacional sin percibir jamás remuneración alguna, por aparente inexistencia de partida presupuestaria ad hoc y, aun conociendo mis derechos, cuantas veces me han llamado he aceptado intervenir gratuitamente en ayuda de detenidos italianos por puro sentido cívico.El 12 de junio de 1986 presté mis servicios en el primer juicio defendido en España por un abogado comunitario, Romualdo Caruso, ante la Sala Primera de lo Penal. Pese a su solicitud, la Audiencia Nacional no proporcionó ningún intérprete jurado bilingüe capaz de expresarse verbalmente en ambos idiomas, tal como exigía la propia ley española ya en 1883. Tras la negativa, el señor Caruso tuvo que armarse de paciencia y recurrir a las páginas amarillas hasta dar conmigo, gracias a su perseverancia y a las gestiones de otros colegas. Tampoco esa minuta fue por cuenta del Ministerio de Justicia. Porque no ha sido "mecánica habitual que los tribunales soliciten los servicios de los intérpretes que necesiten, cuya remuneración (normalmente no) es satisfecha por Justicia".

El agravio comparativo al llamar intérpretes a los arriba mencionados me parece manifiesto, máxime mientras la Oficina de Interpretación de Lenguas siga convocando dos exámenes anuales para intérpretes jurados y el Ministerio de Asuntos Exteriores los sancione con un nombramiento que, por razones de mera seriedad, o por no incurrir en el escarnio, no debería ser honoris causa- Presidenta de la Asociación de Traductores e Intérpretes, S. A. (ASTI).