Las pérdidas por las recientes inundaciones superan las causadas por la riada de 1982

Las pérdidas económicas producidas en el País Valenciano y Murcia por las inundaciones de la pasada semana superan ampliamente los daños ocasionados por la riada de 1982, según datos provisionales elaborados por los respectivos Gobiernos autónomos. En el País Valenciano, las pérdidas pueden ascender a 113.454 millones de pesetas, y en Murcia, a otros 32.000 millones. Tras las inundaciones de 1982, los daños se calcularon en 92.637 millones. Mientras, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) ordenó ayer la construcción de aliviaderos en la autopista A-7.

El Consell de la Generalitat compareció ayer ante las Cortes Valencianas para informar sobre las inundaciones. El portavoz del Ejecutivo socialista, Joaquín Azagra, conseller de Administración Pública, recordó que Protección Civil depende del Estado y no descartó que la Generalitat solicite la transferencia de este servicio.Azagra dijo que 1.026 personas fueron evacuadas en helicópteros durante los días de intensas lluvias. Asimismo aseguró que la gravedad de las inundaciones ha sido menor que en 1982, pero ha afectado a más poblaciones, por lo que los daños materiales son mayores. Azagra se mostró de acuerdo en que la Comisión de Investigación y Estudio de los Riesgos Naturales en la Comunidad Valenciana analice la posibilidad de condonar las deudas contraídas por los damnificados tras la riada de 1982.

Los grupos de oposición fueron muy críticos con el Consell. Albert Taberner, portavoz de Izquierda Unida-Unitat del Poble Valenciá (IU-UPV), manifestó que existen "responsabilidades políticas" y afirmó que no puede pensarse ahora qué se va a hacer "cuando en cinco años no se ha avanzado nada". Manuel Campillos, de Unión Valenciana (UV), dijo que si se demuestra que ha habido descoordinación en Protección Civil, el Consell debe pedir la dimisión del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Eugenio Burriel. Luis Gil-Orozco, del CDS, acusó al Gobierno autónomo de "negligencia" y de ser responsable de los daños producidos por la catástrofe.

José Rafael García-Fuster, de AP, reclamó que la autopista A-7 sea "una vía de comunicación y no un dique", al tiempo que reclamó la urgente puesta en práctica del plan de avenidas.

El socialista Ernesto Fenollosa criticó la "excesiva lentitud en la realización de las grandes obras de infraestructura, como son el encauzamiento del Júcar y el Segura.

A la sesión acudieron varios alcaldes de las zonas afectadas. Luis Fernando Cartagena, alcalde de Orihuela, calificó la información ofrecida por el Consell de "discurso ambiguo".

Obras Públicas ordenó ayer la apertura de aliviaderos en la autopista A-7 para facilitar en el futuro que las aguas desbordadas sigan su curso. Esta medida fue acogida con alegría en la comarca de La Ribera, donde se cree que la autopista actuó como muro de contención y agravó la catástrofe.

Subvenciones

El Consejo de Ministros adoptará mañana, viernes, el primer paquete de medidas extraordinarias para paliar los efectos de las inundaciones. Entre estas medidas se incluirán, casi con toda seguridad, subvenciones a fondo perdido para los damnificados.La Generalitat espera que en ningún caso" las medidas que adopte el Gobierno sean inferiores a otras catástrofes semejantes. La Comunidad Europea, ha aprobado inicialmente una ayuda simbólica de 35 millones de pesetas.