Las discrepancias entre Interior y Hacienda congelan la aprobación de la ley de Ordenación del Juego

La tramitación de la ley de Ordenación del Juego, que en primavera se consideraba como "inminente" por fuentes del Ministerio del Interior, ha quedado finalmente congelada, sin que en estos momentos exista previsión alguna sobre la fecha de su aprobación por el Consejo de Ministros y su posterior remisión al Congreso. Aunque las fuentes consultadas eludieron ser demasiado explícitas, la decisión de suspender temporalmente el proyecto, pese a contar Interior con un texto prácticamente concluido, se ha producido a instancias del Ministerio de Hacienda, que desea introducir algunas modificaciones. Uno de los objetivos de la ley es consolidar el sistema tributario del sector

.Interior tenía la pasada primavera especial interés en impulsar una rápida tramitación de la ley de Ordenación del Juego con el fin de disponer de una norma de rango legal suficiente para afrontar con éxito el control del sector. En abril, una sentencia del Tribunal Constitucional sobre un recurso interpuesto por el casino de Mallorca ratificó lo que ya había sido apuntado por diversos juristas: la Administración no podía imponer sanciones en materia de juego mientras no existiera una ley, de acuerdo con lo exigido por la Constitución.La sentencia del alto tribunal no cogió por sorpresa al Gobierno, que conocía sobradamente la debilidad constitucional de la normativa que regula el juego desde 1977, fecha de su despenalización.Juegos ilegales

En una conferencia pronunciada durante las primeras jornadas sobre el juego (Mallorca, 1986), que ha sido editada este año por el Ministerio del Interior, el catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado ya advirtió de la precariedad de la normativa sobre el juego: "Es dificil encontrar paradigmas más acabados de crisis completa de un bloque normativo, que ha devenido radicalmente inadecuado, que está enteramente inadaptado a las exigencias de la Constitución, y que ha permitido, en consecuencia, que la Administración siga adoptando decisiones radicalmente ajenas a los requerimientos mínimos del Estado de Derecho", decía el jurista. Este aparato normativo, agregaba Muñoz, "padece hoy una debilidad que apenas le permite tenerse en pie. Sobre todo, porque su pieza fundacional [un decreto ley de 1977] no cuenta con los requisitos que precisaría para poder trascender, como ha pretendido, el tiempo posterior a la entrada en vigor de la Constitución". El profesor Muñoz Machado resaltaba también la "notable paradoja" de que la normativa está sirviendo para que las administraciones públicas controlen el juego legal y sancionen cualquier desviación en que incurran sus organizadores o practicantes. Pero no sirve en absoluto para reprimir los juegos no autorizados o ilegales que quedan, por tanto, en mejor condición que lo s juegos legales".

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, Interior aceleró los trabajos de redacción de la ley con objeto de lograr su aprobación definitiva por las Cortes a finales de año o, a más tardar, en las primeras semanas de 1988. Sin embargo, las discrepancias existentes entre Interior y Hacienda, cuyo alcance ninguna de las fuentes consultadas ha querido precisar, provocaron la congelación del proyecto.

Al parecer, entre las cuestiones sobre las que ambos ministerios mantienen posturas discrepantes figura, por ejemplo, el protagonísmo que se quiere arrogar el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE, entidad que gestiona las loterías del Estado) en el control de determinados delitos.

En el anteproyecto de ley al que ha tenido acceso este diario se atribuye a la Dirección General del ONLAE la coordinación de las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en orden a perseguir los delitos e infracciones de contrabando relacionados con el juego. "No es lógico que el ONLAE sea juez y parte", comentaron las fuentes.

Otra de las razones que habrían aconsejado la paralización del proyecto es la marcha de los contactos entre la Administración central y las comunidades autónomas con competencias sobre juego. Algunas comunidades han mostrado sus recelos ante la posibilidad de que, con la nueva ley, el Estado invada sus competencias. En el anteproyecto se ahoga por un política legislativa coordinada, ya que, de lo contrario, el control del juego "sería más teórico que real".Decreto puente

Paralelamente a la decisión de congelar la tramitación de la ley, cuando Interior ya tenía prácticamente concluido el texto, se optó por impulsar la aprobación de un decreto ley sobre la potestad sancionadora de la Administración en materia de juegos de suerte, envite o azar, que entró en vigor el pasado 4 de julio.

De esta forma, la Administración cubrió el vacío legal producido por el carácter preconstitucional de algunas de las normas que regulaban el régimen sancionador en materia de juegos y se dio tiempo para afrontar "el largo plazo de trámite que impone la elaboración de una próxima ley del juego", según consta en el preámbulo del mencionado decreto ley.