Varón Cobos no volverá, de momento, a la Audiencia

El magistrado Ricardo Varón Cobos, sancionado con falta grave por admitir presiones contra su independencia como juez y acceder a poner en libertad al jefe de la Camorra napolitana Antonio Bardellino, no se reincorporará, de momento, a su cargo en la Audiencia Nacional, según decidió ayer el pleno del Consejo General del Poder Judicial, por 10 votos a favor y 9 abstenciones.

El Consejo entiende que "existe imposibilidad legal para cumplir en sus propios términos la sentencia del Supremo", que ordenaba la reposición de Varón, y, en consecuencia, ha decidido someter el caso al alto tribunal para que resuelva la forma de llevar a cabo el fallo de su sentencia.En medios jurídicos se ha calificado de resistencia a acatar la decisión del pleno del Supremo la postura adoptada ayer por el consejo. Es una decisión que "traerá cola"añadieron otras fuentes, puesto que no va a gustar nada a los magitrados del Supremo.

Tras la absolución en la causa pena¡ seguida contra Varón y el magistrado Jaime Rodríguez Hermida por el caso Bardellino, el CGPJ acordé, en la vía disciplinaria, la expulsión de ambos de la carrera judicial. Tanto Varón como Rodríguez Hermida apelaron al Tribunal Supremo, que confirmó la expulsión de Hermida y readmitió a Varón en la magistratura por 36 votos contra 18, aunque imponiéndole una sanción de 50.000 pesetas. La sentencia del Supremo acordaba textualmente la reincorporación de Varón "a su cargo y función".

Precisamente fue la interpretación de esas palabras lo que debatió ayer el pleno del consejo, pues Varón Cobos había pedido que se le adscribiera como magistrado a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. La petición de Varón originaba un problema técnico, ya que su cargo y función, cuando fue separado del servicio, era magistrado juez central de instrucción número 1 de la Audiencia- Nacional, y esa plaza está cubierta en la actualidad por el magistrado Carlos Bueren. Varón tiene planteado un recurso ante Supremo contra ese nombramiento.

El pleno del consejo estudió otras tres posibles soluciones: reponer a Varón en el Juzgado Central número 1, dejando sin efecto el nombramiento de Bueren, que actualmente es el titular de la plaza; adscribir provisionalmente a Varón a la Audiencia Nacional hasta que el Supremo resuelva su recurso contra el nombramiento de Bueren, y, por último, adscribir al magistrado a la Audiencia Nacional, como salida jurídica más próxima al cumplimiento de la sentencia en sus propios términos.

Esta última solución parecía la más aceptable, pues de alguna manera se cumplía la sentencia y se accedía a la petición de Varón, pues el consejo no puede decidir la adscripción a una sala concreta, sino que sería la Sala de Gobierno de la asignaría a la Sala de lo Penal o a la de lo Contencioso.

El pleno, sin embargo, optó por la postura más beligerante. Al haber habido mayoría en la votación de la primera solución, las otras tres posibilidades no se han votado.

El magistrado Varón Cobos, por tanto, no se reincorporará a su puesto por el momento, aunque, evidentemente, recibirá la totalidad de su salario.

Por otro lado, el pleno del Consejo General del Poder Judicial eligió ayer a los vocales Cristina Alberdi, Adrián Celaya y Antonio González Cuéllar para que integren la comisión de este organismo que se encargará de encauzar las reivindicaciones de las asociaciones de jueces y magistrados ante el Ministerio de Justicia. Alberdi, abogada; Celaya, magistrado, y González Cuéllar, fiscal, fueron escogidos por 10 votos a favor y 5 abstenciones.

Los tres se reunirán con José Manuel Maza, Javier Martínez Lázaro y Carlos Granados, representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, y el colectivo Francisco de Vitoria, respectivamente, para estudiar las reivindicaciones de los jueces sobre volumen de trabajo, sistema retributivo y formación de los magistrados para adecuar su preparación a las exigencias de la Comunidad Europea.

La principal petición de los jueces, que es considerada razonable por la mayoría de los miembros del Consejo, hace referencia al establecimiento de unos módulos que fije el volumen máximo de casos a resolver por cada juzgado o tribunal a lo largo de un año, teniendo en cuenta de los medios materiales y personales de que se dispone y para que se puedan cumplir todas las garantías constitucionales y legales.

El pleno, por otro lado, desestimó el recurso de alzada presentado por Manuel Sánchez Álvarez, juez de Puerto del Rosario, al que la Audiencia. de Las Palmas había sancionado con 25.000 pesetas por acudir a un juicio, durante los carnavales, vestido de D'Artagnan. El consejo confirmó la sanción impuesta por la Audiencia.