Cristianos de base, en contra del 'impuesto religioso'

Un documento contra el llamado impuesto religioso, asignación tributaria que entrará en vigor este año al realizar la declaración de la renta, está circulando para su firma entre comunidades de base de toda España. En el texto se subraya que la Iglesia debe "desprenderse de los bienes superfluos", así como renunciar a que el Estado se convierta "en su recaudador" para no quedar en "entredicho".

La pasada semana, y en relación con el impuesto, los obispos justificaban la mediación de la Administración y el deber moral de los cristianos de contribuir al sostenimiento eclesial a través de la asignación tributaría.En el documento, que ya ha sido suscrito por la Iglesia de base de Madrid, se considera que existe "una situación confusa entre el Estado laico y una Iglesia que debe ser autónoma y libre en la realización de su misión". El texto reconoce la entrada en vigor del llamado impuesto como una aplicación del acuerdo económico suscrito entre España y la Santa Sede (1979), aunque opina que es "una fórmula ambigua" que se hable en el futuro de autofinanciación, sin concretar fechas. Por ello, y sin entrar en consideraciones políticas sobre el acuerdo, el documento propone "renunciar desde ahora voluntariamente a cualquier sistema de financiación en el que intervenga el Estado directa o indirectamente y vivir de las aportaciones voluntarias de los creyentes".

La fórmula de financiación propuesta por los cristianos de base es la directa, porque "una Iglesia que no recibe adecuadas aportaciones de sus fieles, o no tiene fieles o no es Iglesia", afirman, citando un artículo de la Asociación de Teólogos Juan XXIII (ver EL PAÍS del 28 de septiembre de 1987). "Dos son los criterios que consideramos básicos a la hora de enfocar ese complejo asunto de la economía de la Iglesia: el de la comunicación de bienes en el interior de la comunidad y el de la corresponsabilidad transparente en la administración de los recursos y necesidades", se señala en el documento, que subraya que los criterios enunciados deben estar presididos por el de la solidaridad con los más pobres.

Preocupaciones económicas

El sistema que este año entra en vigor -mediante el que los contribuyentes podrán destinar voluntariamente el 0,52% de la cuota íntegra del IRPF- "ofrece la imagen de una Iglesia más preocupada por asegurarse unos ingresos económicos determinados que por estimular la comunicación cristiana de bienes, la solidaridad con los más pobres y la creación de cauces adecuados para llevar a cabo una gestión transparente y democrática de los recursos", afirma el documento, que se apoya -según sus impulsores- en las primeras comunidades cristianas, modelo "reactualizado por la doctrina del concilio Vaticano II".El modelo de Iglesia que propugnan tiende a fomentar la capacitación civil del clero. Los cristianos de base consideran "un antisigno en la realización de la tarea evangélica" los bienes superfluos, de los que la Iglesia -dicen- debería desprenderse.

El Estado aporta a la Iglesia ayuda financiera directa durante los primeros tres años, en caso de que lo recaudado a través del impuesto religioso no llegase a los 14.000 millones que actualmente percibe la confesión católica.