Solidaridad ante el virus
El autor de este artículo afirma que el SIDA no es sólo un problema de salud pública, sino una cuestión que afecta a las libertades públicas. Y propone afrontarlo con solidaridad, y no criminalizando a los afectados.
A estas alturas, casi todos hemos sido informados en mayor o menor grado de cuáles son las vías de contagio del virus del SIDA y de las medidas preventivas a adoptar. La información y la prevención son absolutamente necesarias para evitar que se propague el virus del SIDA, pero resultarán insuficientes si no va acompañadas de medidas y actitudes que protejan los derechos humanos y la dignidad de las personas afectadas por el SIDA en alguna medida, evitando la discriminación, el rechazo y la marginación.El artículo 14 de la Constitución consagra el principio de la igualdad en los siguientes términos: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". La realidad indica que con la aparición del SIDA han sido y continúan siendo violados derechos inalienables y fundamentales, como el derecho a la salud (artículo 43): "Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios"; derecho a la educación (artículo 27): "Todos tienen derecho a la educación"; derecho al trabajo (artículo 35): "Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo"; derecho a la intimidad e imagen (artículo 18): "Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen"; derecho a alojamiento y vivienda (artículo 47): "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada"; derecho a la libertad de residencia y circulación (artículo 19): "Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional... Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establece"; derechos de los reclusos (artículo 25): "El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo".
Afectados por el SIDA sufren habitualmente la violación de estos derechos. En cuanto a los presos, salvo el derecho a la libre circulación, el artículo 25 de la Constitución reconoce el disfrute de los derechos fundamentales por parte de estas personas. La ley penitenciaria, por otra parte, establece otorgar la libertad condicional cuando se trate de enfermos muy graves, con padecimientos incurables. Esto es lo que disponen el texto y el espíritu de la Constitución. Esto es lo que dispone la ley penitenciaria expresada en el artículo 60 de su reglamento. Esto es lo que no se cumple. Las pocas libertades otorgadas hasta ahora han beneficiado, por lo general, a internos que ya estaban agonizando.
Las cárceles
La situación desastrosa de las cárceles españolas se ha visto agravada con la aparición del SIDA. Los internos carecen en su mayoría de información sobre el tema y no disponen de los medios para prevenirse (condones, jeringuillas). Los portadores no pueden proteger su salud, tanto fisica como psíquica. No basta con distribuir folletos y dar algunas charlas en las cárceles sin arbitrar al mismo tiempo una política global socio-sanitaria que asegure a los presos una existencia digna. Los internos deben recibir una adecuada atención; los que estén enfermos de SIDA deben ser trasladados inmediatamente a hospitales de la'red sanitaria pública; tener opción a tratamientos para dejar drogodependencias; mantener relaciones sexuales (heterosexuales u homosexuales) con sus parejas. El Estado puede, legalmente, privar de libertad, no de la salud, de la dignidad ni de la vida.
El SIDA no es sólo un problema de salud pública, es un problema que tiene que ver con las libertades públicas. De ahí la necesidad de la existencia de un movimiento ciudadano en el que participen desde los mismos afectados hasta toda la población interesada en una convivencia solidaria y responsable.
El movimiento ciudadano anti-SIDA asume la responsabilidad de evitar que se culpabilice a los afectados y que se hagan distingos entre víctimas inocentes y otras culpables, pasivas (por transfusión) o activas (por práctica de riesgo). Hay un solo culpable: el virus, e inclusive éste no es condenable moralmente. Asimismo rechaza todo intento tendente a controlar en forma compulsiva a determinados grupos de la población, realización masiva e indiscriminada de la prueba de detección de anticuerpos frente al virus del SIDA, control de fronteras, exigencia de la prueba a la hora de emplearse o estudiar, etcétera, por entender que estas medidas violan los más elementales derechos humanos y carecen de toda eficacia o garan-. tía para impedir que el virus se siga propagando. Sólo la información, la educación y la solidaridad detendrán al SIDA.
También exigimos que la prueba de detección de anticuerpos sea en todos los casos voluntaria, de carácter confidencial y anónima, y que el interesado, previa y debidamente, sea informado tanto sobre su significado en los aspectos médicos como sobre sus posibles consecuencias de orden psicológico. Y que en todo lugar donde se realice la prueba se disponga de la infraestructura necesaria para apoyar realmente al posible portador.
El movimiento ciudadano anti-SIDA se empeña en promover y desarrollar todos los esfuerzos posibles tendentes a combatir esta enfermedad. Trata de que las distintas Administraciones, central, autónomas y locales, e internacionales, como la Orgarlización Mundial de la Salud, cumplan cabalmente con la responsabilidad que les compete en el asunto, procurando la coordinación de su labor con la del movimiento ciudadano, sin hipotecar éste su independencia. Desde las asociaciones, comisiones y comités anti-SIDA, asimismo, se intenta incorporar a esta labor a maestros, APA, sanitarios, psicólogos, periodistas, sociólogos, abogados, organizaciones relacionadas con la drogodependencia, derechos humanos, homosexuales, juveniles, de la mujer, Cruz Roja, Cáritas, centrales sindicales, asociaciones vecinales, etcétera, ya que el SIDA es una cuestión de todos. Su propósito es conseguir más salud y más libertad para más personas.
Varias son las causas que han hecho del SIDA un problema que excede el campo de la salud pública internacional: la inexistencia, hoy por hoy, de vacunas o métodos eficaces para combatirlo (aunque se están realizando progresos significativos); la heroína, como condicionante fundamental de la infección por sangre; los tabúes sexuales; el poco prestigio de los grupos sociales a los que por error se le vincula.
Pero es necesario entender que el SIDA, a diferencia de otras enfermedades, es de difícil contagio y que se conocen los medios- de prevención adecuados. Las recomendaciones son muy simples y se podrían sintetizar en tres puntos: utilizar condones en las relaciones sexuales, vaginales o anales, con personas desconocidas desde el punto de vista sanitario; en las relaciones sexuales boca-sexo es conveniente que el semen o fluido vaginal no se deposite en la boca; se deben utilizar agujas y jeringuillas desechables, y en ningún caso compartirlas.
No existe el contagio casual. El SIDA no se transmite ni por picaduras de -insectos (mosquitos y afines), ni por aire (estornudos, toses), ni por bañarse en piscinas, ni por concurrir a clase, ni por ir de copas, ni por masturbarse solo o acompañado, ni por besarse en la mejilla o en la boca, ni por abrazarse, ni por ir a la fábrica o a la oficina, ni por ser amigo, vecino, madre, padre, hermano, novio o novia, mujer o marido, ni por leer e informarse, ni por ser solidario.
Como dice un folleto de la Federación de Comités y Comisiones Ciudadanas Anti-SIDA del Estado español: "Ni un niño sin escolarizar por causa del SIDA; ni un enfermo mal atendido por causa del SIDA; ni un despido amañado por causa del SIDA; ni un solo preso enfermo de SIDA que pase sus últimos meses de vida en la cárcel; ni siderías ni sidatorios; ni discriminación ni automarginación por miedo. El SIDA no es excusa para los pre juicios".
es presidente de la Federación de Comités y Comisiones Ciudadanas Anti-SIDA del Estado español.
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