El abogado Argote presenta recurso contra el auto de prisión de Amedo

El abogado del Ministerio del Interior Jorge Argote presentó ayer por la mañana un recurso contra el auto de prisión dictado por el juez Baltasar Garzón el pasado 13 de Julio contra el subcomisario José Amedo Fotice y el inspector Michel Domínguez Martínez, en el sumario que investiga la implicación de policías e instituciones con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). El recurso ha sido admitido a trámite, según informaron fuentes jurídicas.Argote, letrado que normalmente defiende a los policías y guardias civiles acusados ante la autoridad judicial, ya anunció el mismo día en que fue comunicado el auto su decisión de recurrirlo, ya que lo consideró injusto. "A ningún miembro de ETA se le persigue así en la Audiencia Nacional", llegó a exclamar el abogado.

El juez Garzón estimó en su resolución que existen indicios de que los policías Arnedo y Domínguez, que permanecen en la prisión de Logroño, son los principales organizadores de la banda terrorista de los GAL, que actuó entre 1983 y 1987 y que perpetró 23 atentados mortales, fundamentalmente contra activistas de ETA. Jorge Argote ha declarado estar convencido de que en dos o tres meses sus defendidos quedarán en libertad.

Informe jurídico

Por otro lado, el ministro del Interior tiene el deber de guardar secreto sobre la aplicación de los gastos reservados que afectan a la seguridad del Estado, según un informe de los servicios jurídicos del Estado. El informe se refiere a la improcedencia de que el ministro del Interior declare en el sumario del caso Amedo sobre la aplicación dada a los fondos reservados de su departamento.

José Barrionuevo, ex ministro del Interior y actual responsable del departamento de Transportes, se ha negado por dos veces a informar al juez Baltasar Garzón sobre el destino de los fondos reservados, amparándose en el citado estudio Jurídico. La negativa del ministro se basa en el informe, que fue enviado conjuntamente a la Audiencia Nacional.

Según el servicio jurídico del Estado, "no existe en este caso resistencia o negativa a declarar, sino cumplimiento estricto de un deber legal de secreto por razón de cargo, cuya violación haría incurrir al ministro en reponsabilidad por delito de revelación de secretos", informa la agencia Efe. La publicidad de estos datos, según el dictamen, supondría un delito de violación de secretos previsto en el artículo 367 del Código Penal.

Según el dictamen, la asimilación entre los conceptos de secreto y de reservado la verifica la propia ley sobre secretos oficiales, "de lo que se deduce que la ley puede dictar una materia secreta empleando este término específico o el de reservado".

El informe añade que sólo el Congreso de los Diputados, Senado y la Oficina del Defensor del Pueblo pueden tener acceso, mediante sesiones secretas, a la información sobre fondos reservados.