Moscoso cambia de opinión

LO MENOS que puede decirse de la orden dada por el fiscal del Estado a su subordinado presente en el proceso de no oponerse a la libertad provisional de los policías Amedo y Domínguez es que representa un paso atrás en la vacilante actuación del ministerio público en el sumario sobre los crímenes de los GAL. Si la iniciativa hubiera partido del fiscal que está personado en la causa o de su superior jerárquíco en el tribunal al que está asignado, la decisión habría sido acordada en el marco profesional que les es propio. Pero tal y como se ha producido, merece todas las sospechas acerca de las presiones gubernamentales que se hayan hecho al efecto por encima de cualquier consideración de carácter legal.Que se sepa, no existe ningún dato nuevo que invalide las razones que llevaron al tribunal a confirmar el auto de prisión dictado por el juez en el momento de concluir su labor investigadora. Salvo que se estime que tienen valor procesal las cartas en las que se vuelven atrás los tres mercenarios portugueses de los GAL que identificaron a Amedo y Domínguez como sus jefes ante los jueces, cartas que han salido a la luz pública precisamente en el momento en que la Audiencia está a punto de tomar una decisión sobre el procesamiento de los policías. Todavía no existe ninguna certeza sobre la autenticidad de dichas misivas, ni se ha procedido a ninguna valoración judicial sobre su contenido. Por eso, la precipitación con que ha actuado el fiscal general del Estado revela un interés concreto en favor de los funcionarios implicados, interés que desborda el estricto marco legal del caso.

Javier Moscoso ha justificado su actuación diciendo que quiere asumir personalmente la responsabilidad en un asunto tan controvertido y en que la prisión preventiva debe acordarse siempre con criterios restrictivos. Sin embargo, no es sólo ahora cuando el caso Amedo es controvertido: lo viene siendo desde sus comienzos, y ello no fue óbice para que el fiscal del Estado confiara hasta ahora en la capacidad profesional del fiscal encargado del caso. Incluso en su día hizo gala ante las cámaras de televisión de no haberle dado jamás instrucciones. Algo ha debido de suceder entonces para que sea el propio Moscoso el que asuma ahora el protagonismo del ministerio público en el caso Amedo y modifique tan ostentosamente su opinión y anterior proceder.

En cuanto a los criterios restrictivos con que debe acordarse la prisión preventiva, el fiscal del Estado tiene toda la razón. Pero el propio ministerio fiscal viene oponiéndose, con buen criterio, a la libertad provisional de los integrantes de bandas terroristas que son acusados de delitos como los que son imputados a Amedo y Domínguez, y a los que corresponden altas penas de prisión. Por lo demás, la propia bondad de la doctrina expuesta por el fiscal del Estado no impide que en estos momentos existan en las prisiones españolas 13.000 reclusos preventivos, la mayor parte de ellos con cargos de menor entidad que los que se imputan a Amedo y Domínguez.

Esta irrupción de Moscoso en el tema Amedo es esclarecedora respecto del destino de dicho proceso si hubiera correspondido al ministerio fiscal su investigación. E ilustra así sobre los propósitos del Gobierno en su intento de que sean los fiscales quienes asuman las tareas de instrucción que, en averiguación del delito, corresponden hoy felizmente a los jueces.