Miedo a los gitanos

Con muchos recelos, los vecinos de La Fortuna (Leganés) y San José de Valderas (Alcorcón) esperan una decisión definitiva sobre la ubicación del campamento para gitanos que el Consorcio para el Realojamiento de Población Marginal tiene previsto construir en el término municipal de Madrid junto a la carretera de Extremadura. Un sector del vecindario dice que adoptará todas las medidas de presión para impedir que el asentamiento esté cerca de sus casas.

Para unos, el problema está en la concepción misma del poblado, al lado de los núcleos urbanos y sólo con los servicios básicos. "Ya tenemos bastantes individualidades, lo que hay que hacer es meterlos dentro de los barrios", señaló una vecina de La Fortuna, un barrio que nació hace unos 30 años, de un núcleo de traperos expropiados de la capital. Para otros, el problema radica en la identidad de los futuros habitantes del asentamiento y su "casi segura" incidencia negativa en la seguridad ciudadana. "Todos sabemos que donde hay gitanos hay robos", manifestó un comerciante, "y si había que darles un margen de confianza, estamos ya muy escaldados".Antonio Martínez Amador, vicesecretario de la Unión Romaní, federación que agrupa a diversas asociaciones gitanas, ha criticado duramente estas últimas actitudes, que califica de racistas: "Se ponen la venda antes de tener la herida; no tienen la generosidad de creer en la bondad de la gente".

El gerente del consorcio, José Luis Gómez Ramiro, ha reconocido que las principales barreras que es están encontrando contra estos asentamientos son precisamente las protestas vecinales. "Sin embargo", señala, "en contra de lo que se piensa, no existe un aumento de la delincuencia, como se ha demostrado ya en el campamento de Vicálvaro". A pesar de ello, Gómez Ramiro ha manifestado que el poblado, previsto para 40 familias, puede agravar alguno de los problemas que ya tiene La Fortuna, un barrio de 16.000 habitantes con carencias en algunos servicios y alejado más de dos kilómetros del casco urbano de Leganés.

Viviendas sociales

Estos poblados provisionales como sistema de realojo han sido puestos en tela de juicio por distintos sectores de la vida social de Leganés y Alcorcón, que abogan porque a estas familias se les conceda una vivienda social dentro de los núcleos urbanos en los que están viviendo. Según el gerente del consorcio, esta solución no es aplicable a las personas a las que van destinados los asentamientos, grupos seminómadas que trabajan como temporeros durante la época de recolección y pasan el invierno en Madrid y familias a las que en su día se les otorgó una vivienda pública y se han deshecho de ella para volver a la chabola. Los primeros no pueden ser beneficiarios de una vivienda social porque no están empadronados en la capital y habrá que regularizar su situación, y los segundos deberán esperar a que concluya el proceso de realojamiento para optar de nuevo a una casa.

Tampoco el representante de la Unión Romaní cree que los campamentos sean la panacea para paliar los problemas de marginación de la población gitana, "pero como solución menos mala puede valer", dice.

El alcalde de Leganés, Fernando Abad, del PSOE, ha apuntado que en aquellos casos en los que no sea posible el realojo en una vivienda social, sobre todo en aquellas familias que se dedican a una actividad cuasiindustrial como la recogida de chatarra o la recuperación de basuras, se necesitan poblados que permitan desarrollar esa actividad, pero con un sistema de organización distinto al que pretende el consorcio. "¿Por qué no sería posible un barrio donde vivieran gitanos dedicados a estas actitivades que tuviera su propio teniente de alcalde y que ellos mismos fueran responsables de cómo es su casa, de la cultura, su biblioteca, etcétera?". Para el alcalde, otras medidas no son más que parches provisionales que pueden alargarse 10 o 20 años y que sólo generarán situaciones difíciles, como las que existen ahora junto al parque Tierno Galván o las que se dieron hace unos años en Zarzaquemada.