UGT y Comisiones no cederán en sus demandas porque responden a compromisos del Gobierno

Los sindicatos UGT y Comisiones no rebajarán sus peticiones en la concertación social porque coinciden con compromisos incumplidos del Gobierno. El anuncio de que el Ejecutivo piensa mejorar su oferta inicial e incrementarla hasta los 200.000 millones de pesetas es para las dos centrales un elemento positivo, pero insuficiente. El dirigente ugetista Antón Saracíbar cree que no se trata de un problema económico, sino de una decisión política, mientras que Agustín Moreno, responsable de acción sindical de CC OO, entiende que son reivindicaciones viables y no susceptibles de "regateo".

Los dos sindicatos CC OO y UGT no están dispuestos a ceder en sus demandas en la concertación con el Gobierno y argumentan que se trata de promesas electorales -equiparación de la pensión mínima al salario base-, compromisos firmados e incumplidos -el incremento de la cobertura del desempleo- y un error en la previsión de inflación -poder de compra perdido por pensionistas y funcionarios- En consecuencia, creen que la anunciada mejora de la oferta del Gobierno hasta los 200.000 millones de pesetas no permite hacer frente a todos esos puntos, lo que costaría, según sus cálculos, unos 472.960 millones. De ellos, el 52,7%. se destinaría a los parados; el 34,9%, a pensionistas, y el 12,4% restante, para los empleados públicos.

Después, el giro social

Tanto Comisiones como UGT subrayan que las cuestiones que ahora se negocian son sólo el punto de partida y que después hay que abordar lo que denominan el "giro social", en el que afirman tener más margen de maniobra, y que incluye los fondos de inversión, la reforma del Instituto Nacional de Empleo, la participación sindical en las empresas y las instituciones, generar más y mejor empleo, aumentar la protección y el bienestar social y la mejora de las rentas y salarios.El dirigente ugetista Antón Saracíbar asegura que los sindicatos tienen "poca capacidad de maniobra en sus reivindicaciones, y es el Gobierno el que tiene que mover su oferta". La central UGT piensa exigir que se cumpla lo pactado en 1984 en el Acuerdo Económico y Social sobre cobertura y el programa electoral que llevó al partido socialista al Gobierno.

Todas las peticiones sindicales, según Saracíbar, tienen cabida en los presupuestos generales, aunque sospecha que el Ejecutivo no quiere avanzar para llegar a un acuerdo. "No se trata", afirma, "de un problema económico. Es político. El Gobierno quiere seguir echando un pulso a los sindicatos y así no arreglaremos los problemas". El representante de UGT detectó en la reunión del pasado día 11 que el presidente del Gobierno desoía los argumentos de los sindicatos y por ello considera ilógico que se mejore la oferta gubernamental en próximas reuniones en las que no está previsto que participe Felipe González.

Agustín Moreno coincide en que están planteando "posiciones mínimas y viejos compromisos incumplidos que no se pueden ser regateados". A su juicio, son demandas justas, viables y para las que hay dinero suficiente. El dirigente de CC OO cree que el Gobierno "está jugando a una opción numantina, no quiere ceder bajo ningún concepto y está dispuesto a elevar el conflicto social a niveles insospechados".

Los representantes de CC OO y UGT acudirán a la reunión de mañana, lunes, convocada por el ministro de Trabajo, Manuel Chaves, con pocas esperanzas de que haya avances sustanciales. Los dos sindicatos expondrán las alternativas que, en su opinión, tiene el Gobierno para financiar sus demandas sin incrementar el déficit público. Saracíbar apunta entre otras vías, emplear el exceso de recaudación fiscal y de cotizaciones por desempleo obtenido en 1988, hacer más selectiva la política fiscal o eliminar la desgravación a la segunda vivienda.

Agustín Moreno afirma que "el Gobierno se ha empeñado en que nos den la medalla al país con menos déficit, ya que 1988 se ha cerrado con una cifra del 2,9%, cuando la media europea es del 4%, y pretende que en 1992 lleguemos al 0%". Comisiones cree que no hace falta incrementar la presión fiscal si se hiciese una reordenación y todo el mundo pagase, por ejemplo, el impuesto sobre sociedades, que ahora paga una de cada dos empresas.