La peor 'guerra sucia' del mundo

Varios cientos de colombianos se despiertan cada día con órdenes de matar a alguna persona. Otros matan para evitar que los maten a ellos. Se mata por venganza, por celos, por defender la vida de un familiar. Hasta los hay que matan para aprender a matar. Matar es el verbo que mejor se conjuga en Colombia, país de violencia irracional, escenario de la peor guerra sucia del mundo, centro de una despiadada lucha a muerte entre las guerrillas izquierdistas y los grupos paramilitares.

Las cifras no coinciden a la hora de enumerar las víctimas de esta espiral de crímenes, pero no es exagerado hablar de más de 15.000 muertos al año en actos violentos, de los que casi un 10% tiene involucración política. Más que en Líbano, más que en El Salvador. Pero ¿quiénes matan?, ¿por qué matan?, ¿cuándo acabarán de matar?Este dramático fenómeno de la criminalidad se produce en un país abonado por una tradición de violencia política que se remonta al siglo pasado y por una creciente pérdida del valor de la vida. Cualquier incidente más o menos trivial puede resolverse a tiros en una nación donde dos millones de personas cargan diariamente pistola. Estudiantes y amas de casa de Bogotá van a la escuela o al mercado provistos de un arma por temor a los secuestros o a los asaltos en la ciudad de mayor alto índice de delincuencia del mundo.

Justicia privada

En este caldo de cultivo han proliferado en los últimos años los grupos de justicia privada, con raíces y propósitos diferentes. Operan en los principales núcleos urbanos escuadrones de la muerte, integrados fundamental mente por policías y ex policías, que combaten a los delincuentes comunes. Han surgido también recientemente grupos de violencia moral, como Cal¡ Limpia o Amor a Medellín, que atacan a las prostitutas y a los travestidos.

El tercero y más extendido círculo de violencia es de los grupos paramilitares propiamente dichos, dedicados al exterminio de las organizaciones guerrilleras. El origen de estos grupos se remonta a los años cincuenta, pero sólo en. los tres últimos años han llegado a convertirse en una verdadera amenaza contra la estabilidad del régimen.

"La clase política se acaba de dar cuenta de que le abrió la puerta al tigre, y hoy no hay manera de volverlo a encerrar. Los paramilitares comienzan a ser un riesgo para. el propio Estado", considera Eduardo Pizarro, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la universidad Nacional de: Colombia. La actuación de los grupos paramilitares cambió radicalmente desde que éstos fueron dirigidos y nutridos por los dineros procedentes del tráfico de cocaína. "El narcotráfico se ha convertido en la espada del anticomunismo", afirma el dirigente del Partido Comunista de Colombia (PCC), Alberto Rojas Puyo.

El campo colombiano ha sido tradicionalmente lugar de tensa convivencia entre guerrillas izquierdistas y grandes propietarios agrícolas y ganaderos. Estos últimos son continuamente sometidos a la amenaza y la extorsión por parte de los combatientes armados, que imponen su ley en amplias zonas del país.

La aparición del narcotráfico creó una situación nueva. Los grandes capos de la mafia de la cocaína se han convertido en los últimos cinco años en los principales terratenientes. Condenados a compartir el mismo territorio, guerrilla y narcotraficantes consiguieron inicialmente una alianza táctica sobre la base de que las dos, partes se dejaban espacio libre para sus actividades políticas y económicas. Esta relación sufrió algunas crisis, como la creación por parte de la familia Ochoa del grupo Movimiento Anti-Secuestros (MAS), que se encargó en 1981 de liberar a un pariente capturado por la guerrilla y de liquidar uno por uno a todos los miembros del comando secuestrador.

Pero la ruptura total entre la mafia y las guerrillas, principalmente la más poderosa de ellas, la comunista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se produjo hace menos de dos años por razones sobre las que los expertos no se ponen de acuerdo. Se menciona la intromisión de las FARC en el negocio directo de la cocaína. La revista colombiana Semana menciona a las FARC como "el tercer cártel" del narcotráfico.

Por esta y tal vez por otras razones no totalmente aclaradas, importantes jefes del narcotráfico, especialmente Giberto Rodríguez Gacha, el mexicano, están dedicados liquidar comunistas. Alberto Rojas ofrece la siguiente explicación: "Los narcotraficantes son el estamento más audaz del capitalismo y se han convertido en los más grandes propietarios de Colombia, por tanto tienen contradicciones con toda la izquierda y con todo el que propone la reforma agraria, y esas contradicciones las resuelven a tiros".

Para acabar con la guerrilla, la mafia puso en marcha sus métodos predilectos: el crimen y la organización de siniestros grupos que persiguen a sus víctimas hasta liquidarlas. El ejemplo estimuló a otros igualmente interesados en exterminar a los alzados en armas. Miembros de las fuerzas armadas y terratenientes hartos de los secuestros y los impuestos revolucionarios han puesto en marcha sus propios grupos paramilitares. A veces, los tres sectores comparten gastos y objetivos; otras, actúan por separado.

Como consecuencia, decenas de bandas paramilitares han surgido en todo el país. Miles de asesinos a sueldo de narcotraficantes, hacendados, ganaderos u oficiales del Ejército colocan diariamente bajo su punto de mira a concejales, militantes, simpatizantes o sospechosos de simpatizar con el PCC, con las FARC o con la Unión Patriótica (UP).

Los terratenientes consideran mucho más rentable gastar el dinero en organizar su justicia privada que pagar cada mes millones de pesos a la guerrilla. El Ejército, incapaz de acabar legalmente con los alzados en armas y desconfiado de las promesas de paz de las FARC, encuentra en la guerra sucia un instrumento idóneo para la liquidación del enemigo.

Un informe confidencial del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), central de espionaje relacionada con la presidencia, señaló recientemente que "los sicarios y narcotraficantes que operan en la jurisdicción de Puerto Boyacá (en una de las regiones más afectadas por la violencia) utilizan como fachada la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio". El informe asegura que el grupo criminal cuenta con más de 300 hombres y un centenar de vehículos, y que cada uno de los organizadores "aporta una cuota