Los medicamentos no costarán igual para todos los usuarios de la Seguridad Social

El ministro de Sanidad y Consumo, Julián García Vargas, se mostró ayer partidario de que se reduzca la aportación de los parados al coste de los medicamentos. El artículo 93 del proyecto de ley del medicamento afirma que el Gobierno podrá "modular" la participación en el pago con criterios que tengan en cuenta "la capacidad de pago, la utilidad terapéutica y social de los medicamentos, las necesidades de ciertos colectivos sociales y la gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías".

Actualmente, los beneficiarios de la Seguridad Social aportan de su bolsillo el 40% del coste de los fármacos, con la excepción de los medicamentos recetados a los pensionistas, que son sufragados al 100% por la Seguridad Social. Una de las novedades que aporta el proyecto de ley del medicamento consiste en que se abre una puerta, en forma de futuro real decreto, para que esa uniformidad se modifique en función de la capacidad de pago del usuario.El ministro de Sanidad argumentó el nuevo modelo que se quiere implantar en la situación de desigualdad que hay actualmente entre algunos pensionistas "situados por encima de las 100.000 pesetas, por ejemplo, que reciben los medicamentos gratis, y los parados que tienen subsidios de desempleo sensiblemente más bajos de esa cantidad, pero que están obligados a realizar una aportación del 40% como el resto de los usuarios". García Vargas, que se mostró abiertamente partidario de que este colectivo tenga un acceso gratuito a los medicamentos, puntualizó que "actualmente no hay un proyecto en este sentido, pero el Gobierno tendrá que abordar, estos problemas en el futuro poniendo especial atención a problemas de los ancianos, grupos sociales marginados y rentas pequeñas. Esto quizá signifique una mayor contribución del resto de la población".

Modelo italiano

Las medidas sobre financiación de los medicamentos están encaminadas a fomentar, tanto entre los usuarios como entre los profesionales sanitarios, el uso racional de los fármacos, "la medida terapéutica más utilizada", según García Vargas. Para conseguir esos objetivos de racionalización en la ley se contempla también la posibilidad de que determinados productos queden excluidos de la Seguridad Social. Con respecto a este punto, el ministro descartó una decisión inmediata sobre el establecimiento de un petitorio de medicanentos, pero puntualizó que el registro de un medicamento no tiene por qué significar su inclusión inmediata entre las medicinas sufragadas por la Seguridad Social".

"Actualmente estamos estudiando lo que se ha hecho en otros países de la Comunidad Europea (CE), como Italia, que en septiembre pasado aprobó un principio de lista, o Francia, que contempla dos tipos de medicamentos: imprescindibles y complementarios. Estas medidas están encaminadas también a adecuar para 1993 los registros nacionales al registro único de la CE", concluyó García Vargas. El proyecto de ley regula el medicamento desde que nace hasta que se comercializa a través de la investigación, evaluación, fabricación, distribución, prescripción, dispensación e información al usuario.