La familia de Yolanda González reclama intervenir en los permisos penitenciarios

La familia de Yolanda González, estudiante asesinada por un grupo ultraderechista en febrero de 1980, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión judicial que acordó no tenerla por parte -como acusación particular- en la concesión de un permiso penitenciario a Ignacio Abad, condenado a 28 años de cárcel por ese crimen. Asimismo, la familia ha reclamado que se pida a Chile la extradición del otro condenado, Emilio Hellín, que se fugó aprovechando precisamente uno de esos permisos.

El letrado de la acusación particular, José Mariano Benítez de Lugo, recuerda en sus alegaciones realizadas ante el alto tribunal el protagonismo de la familia de Yolanda González durante todas las fases del proceso, y señala que en la ejecución de una sentencia penal en cumplimiento de la condena impuesta ha de reconocerse a las partes "pleno derecho a intervenir".El recurso de amparo examina la disposición adicional 5ª.5 de la ley orgánica del Poder Judicial, que sólo incluye al fiscal y al interno como legitimados para impugnar la decisión del juez de vigilancia penitenciaria sobre el permiso, e impide recurrirla a los familiares de la víctima. Benítez de Lugo estima que tal precepto viola el principio de iguladad consagrado en el artículo 14 de la Constitución, "pues se coloca en diferente y desigual situación (...) al acusador público y, al acusador particular".

En consecuencia, pide que el alto tribunal anule dicha norma.

Asimismo, la familia de Yolanda González pedirá al fiscal de la Audiencia Nacional y a la sala que enjuició el caso que inicien los trámites para la extradición de uno de los condenados, Emilio Hellín, quien al parecer se encuentra en Chile, tras aprovechar un permiso penitenciario para fugarse.

Firmas

El Partido Socialista de los Trabajadores (PST), al que pertenecía la asesinada, continúa la recogida de firmas en apoyo a la extradición de Hellín. Santi Castellanos, miembro del comité ejecutivo del PST, denunció la pasividad del Gobierno al no utilizar los mecanismos legales para la solicitud de extradición de Hellín, fugado en febrero de 1987, con ocasión del permiso penitenciario concedido por el juez José Donato Andrés Sanz. Dio cuenta también de las preguntas parlamentarias de Euskadiko Ezkerra e Izquierda Unida sobre la actitud gubernamental y anunció que un total de 150 personalidades, artistas y profesionales y hasta 100 comités de empresa han apoyado la petición de extradición.Por su parte, el abogado José Mariano Benítez de Lugo criticó la conducta del juez de vigilancia penitenciaria y calificó de corporativistas a los jueces que lograron anular la sanción inicialmente impuesta por el Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, informó de que la concesión por el juez José Donato Andrés de un permiso penitenciario a Hellín, condenado a más de 43 años de cárcel, propició su huida, con lo que los familiares de la joven asesinada no podrán percibir los seis millones de pesetas de indemnización a los que también fue condenado. Explicó que ha reclamado daños y perjuicios al Estado por el citado importe, si bien "en el Ministerio de Justicia se ha perdido", dijo, "el escrito presentado en el registro el 6 de septiembre de 1987".