La alianza entre el centro y la derecha bloquea el pacto de Estado sobre desarrollo autonómico

El acuerdo entre el Partido Popular (PP) y el Centro Democrático y Social (CDS) para presentar mociones de censura contra alcaldes socialistas bloqueará la negociación del Gobierno con la derecha para ampliar las competencias de 11 comunidades autónomas, según fuentes gubernamentales. Estas fuentes señalaron asimismo, sobre la posibilidad de que ese acuerdo del centro y la derecha incline al Gobierno a anticipar las elecciones de 1990: "Sólo unos resultados muy buenos para el PSOE en las elecciones al Parlamento Europeo suscitarían una tentación de anticipar las legislativas".

El Gabinete socialista considera que el acercamiento entre el Partido Popular y el Centro Democrático y Social supone una nueva dificultad para llegar a un pacto autonómico, máxime cuando el PP y el CDS van a gobernar de acuerdo en varias comunidades autónomas. Los conservadores, representados por José María Aznar, presidente de Castilla y León, reiniciaron el pasado abril la negociación con el ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, sobre los proyectos de estatuto para Ceuta y Melilla; y, tras varias reuniones confían en recibir un listado de las competencias que el Gobierno está dispuesto a transferir a las autonomías.Por el contrario, los centristas se oponen a que las comunidades ejerzan "por delegación" competencias cuya titularidad conserve la Administración central. Convencidos de que el PSOE no aplicaría además el pacto en esta legislatura, no han acudido siquiera a negociar.

Fuentes gubernamentales no dudan en interpretar que el diálogo iniciado por el Partido Popular con el Gobierno para llegar a un pacto autonómico puso muy nervioso" a Adolfo Suárez, que asistía así a una recuperación de Manuel Fraga como principal interlocutor del presidente Felipe González.

Si bien Almunia ha confirmado que enviará al PP una propuesta de modificación del Fondo de Compensación Interterritorial, así como la relación de competencias que la Administración puede transferir a las autonomías, los colaboradores del ministro consideran muy improbable una nueva reunión con Aznar antes de julio.

Por otro lado, el Gobierno considera que Adolfo Suárez se equivoca al presentar mociones de censura en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, porque es en esta región donde el CDS más votos ha arañado a los socialistas. "Lo que quiere decir que es en Madrid donde el electorado del CDS es más de centro-izquierda", subraya un alto cargo gubernamental.

El cambio de estrategia decidido por Suárez ha provocado ya disensiones en su entorno. Ayer mismo, el catalán Jacinto Ros Hombravella, catedrático de economía y miembro del comité federal del CDS, abandonó este partido por considerar que el pacto con el PP rompe la política socialdemócrata y radical de los centristas. "He acompañado a Suárez en su travesía del desierto, pero no estoy dispuesto a hacerlo en su camino por la jungla", sentenció Ros.

El apartamiento del poder municipal y autonómico de alcaldes y gobernantes socialistas no va a influir en el Gobierno para anticipar las elecciones legislativas, según un miembro del Gabinete. Sólo unos excelentes resultados del PSOE en las elecciones al Parlamento Europeo "supondrían una tentación" de adelantar la convocatoria a finales de este año.

El principal indicador que utilizará el Gobierno para decidir la fecha de los comicios legislativos será el balance de la situación económica y las perspectivas para 1990. El Ejecutivo dispondrá de información para realizar un pronóstico fiable en junio o julio, y será entonces cuando decida anticipar o no las elecciones.

"Salvo que se vea que en 1990 la situación de la economía va a ser mala, no hay motivos para adelantar el término de la legislatura", según un miembro del Gobierno.