Mitterrand condena a Napoleón

Los mendigos y vagabundos pueden ser condenados aún en Francia a penas de prisión, así como un sacerdote que celebre una boda religiosa sin el previo matrimonio civil. Estos arcaísmos y muchos otros datan del Código Penal de Napoleón, en vigor desde 1810, que va a ser sustituido por el código de François Mitterrand. El actual presidente francés quiere pasar a la historia también por la reforma del código napoleóníco, y para ello ha elegido el año del bicentenario de la Revolución Francesa.

El Senado inició el martes el debate de mayor duración y envergadura de la V República, una obra histórica que puede prolongarse durante cinco años. Además de la eliminación de los restos decimonónicos -cortar la mano derecha del parricida o exculpar al marido asesino de la mujer adúltera habían sido ya excluidos del código-, la reforma introduce importantes innovaciones.Frente a la concepción del derecho napoleónico, que privilegiaba la defensa del Estado y la propiedad privada" el nuevo Código Penal, que se define como "humanista", acentúa la defensa de la persona y pretende "asegurar su pleno desarrollo, protegiéndola contra todos los ataques que se dirijan contra su vida, su cuerpo, sus libertades, su seguridad, su dignidad, su medio ambiente".

De ahí que uno de los nuevos delitos sea el "crimen contra la humanidad", en el que se incluyen "el genocidio, las desapariciones, la deportación" o la aplicacíón de todo "tratamiento inhumano contra una colectividad, inspirado por motivos políticos, raciales o religiosos". El texto consagra la "individualización de la pena", establece la responsabilidad penal del instigador y de las personas jurídicas y modifica las condenas aplicadas a determinados delitos, además de crear una nueva pena de 30 años de prisión, intermedia entre los 20 años y la reclusión a perpetuidad.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas está destinada a condenar a las empresas, asociaciones o sindicatos que cometan un delito económico, comercial o ecológico, por ejemplo. La introducción de la figura del instigador pretende la condena del cerebro, además del ejecutor, ya se trate de una explosión de gas en la que se hallen responsabilidades penales, que afectarían al operario y al responsable moral, o de un delito de tráfico de drogas, con el objetivo de llegar más allá del simple camello.

El instigador puede ser condenado incluso, según el proyecto de ley, aunque no haya obtenido ningún resultado de su acción, innovación que castigará la mera intención y que ha provocado críticas entre los magistrados. Diversas asociaciones y sindicatos ven asimismo con reticencia su inclusión entre los posibles afectados por la penalización de las personas jurídicas, en principio reservada a las empresas industriales, comerciales o financieras.

La reforma legal reconoce de alguna forma los errores judiciales al establecer una serie de penas alternativas a la prisión para los delitos menores, para los que se fija además un tope máximo de siete años de cárcel, más bajo que el actual. Por el contrario, se dobla el castigo a la reincidencia.

Asimismo, se crea la nueva pena de 30 años de reclusión intermedia entre los 20 años y la cadena perpetua-, con la pretensión de reducir el elevado número de cadenas perpetuas dictadas desde la supresión de la pena de muerte, según el padre del proyecto, Robert Badinter.

Ministro de Justicia cuando Francia eliminó la pena capital, actual presidente del Consejo Constitucional e íntimo amigo de Mitterrand, Badinter es el autor de la primera parte de la reforma del código, que dormía en los cajones del Senado desde febrero de 1986, hasta que el presidente de la República expresó en su último mensaje de fin de año su deseo de que la conmemoración del bicentenario fuera también el inicio de la "humanización y modernización" del derecho.

El nuevo Código Penal que ha empezado a discutir el Senado constará de 12 libros. Los cuatro primeros equivalen al actual Código Penal y el resto recopilará el llamado derecho penal especial, referido a la salud, al trabajo, al medio ambiente y al derecho económico, fiscal y aduanero.

Hasta el momento, únicamente están terminados los tres primeros libros, que se ocupan, respectivamente, de los principios generales del derecho, de los delitos contra las personas y de los delitos contra los bienes. El cuarto, que íncluirá los atentados contra la paz pública y las instituciones del Estado, deberá estar terminado a finales de este año.

El Gobierno, en contra de la opinión de Badinter, ha decidido que cada uno de los tres primeros se convierta en un proyecto de ley distinto. Por eso el Senado ha iniciado sólo la discusión del primer texto y del centenar de enmiendas presentadas. Este debate tiene una duración prevista de 15 días, antes del envío del texto a la Asamblea Nacional.