El Rey habló por vez primera en la inauguración de un año judicial como homenaje a Carmen Tagle

El rey Juan Carlos; el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil, coincidieron ayer, durante la apertura del año judicial, en dedicar un recuerdo emocionado y tributar un homenaje a la fiscal Carmen Tagle, asesinada el pasado martes en Madrid. El Rey no suele pronunciar discursos en actos de este tipo, pero destacó que no podía dejar pasar por alto que el acto se celebraba en el salón de plenos del Supremo, donde pocas horas antes había estado instalada su capilla ardiente.

"Me considero plenamente unido en este momento", dijo el Rey, "a quienes ejercen con imparcialidad y dedicación la aplicación de la Justicia, por la que todos debemos velar, y expreso una vez más la decisión de seguir luchando sin descanso contra esta inexplicable e inútil plaga del terrorismo".Moscoso y Hernández Gil también elogiaron a la fiscal, enterrada ayer en el cementerio madrileño de Carabanchel, a la que consideraron un símbolo para los servidores de la Justicia. Añadieron que su grandeza y sentido de la justicia hubiera garantizado un juicio justo incluso para sus propios asesinos.

Madrid y Barcelona

El fiscal del Estado, como ya es tradicional, hizo el balance de criminalidad en 1988 y destacó que en los juzgados españoles se iniciaron 1.423.617 procesos por delitos, lo que supone un aumento del 6,39% sobre el año anterior. Las provincias en que más delitos se cometen son Madrid (219.000) y Barcelona (19 1.000), con notable diferencia sobre las siguientes: Valencia (93.000), Sevilla (76.000) y Málaga (69.000). Estas cinco provincias absorben casi la mitad de la delincuencia (el 45,6%). El fiscal resaltó el dato de que en 19 provincias, entre las que destaca Madrid, se redujo la criminalidad.

Respecto al panorama judicial, Moscoso consideró que es positivo, con un buen funcionamiento, aunque calificó de anómala la grave acumulación de asuntos pendientes en los tribunales.

Javier Moscoso se refirió a todas las novedades ocurridas a lo largo del curso judicial, entre las que destacan las reformas del Código Pena¡ para reforzar la persecución de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y el terrorismo.

Tanto Moscoso como Hernández Gil aludieron en sus discursos a las reformas de la legislación que han permitido aliviar el tradicional retraso de las causas judiciales. Ambos se refirieron a la ley de Demarcación y Planta que "ha supuesto para la Justicia la seguridad de poder asumir, en el futuro, sus compromisos constitucionales, sin las penurias a las que venía acostumbrada".

Los dos coincidieron también en referencias al procedimiento abreviado, a la necesidad de un nuevo Código Penal y a la ley del Jurado, así como a la necesidad de completar el desarrollo legislativo. También destacaron que el retraso en la tramitación de asuntos está en vías de solución.

Respecto al procedimiento abreviado, que entró en vigor el pasado mes de marzo, Moscoso señaló que "además de salvar el principio constitucional de que quien instruye no debe fallar, posibilita la también exigencia constitucional de un proceso sin dilaciones indebidas". Para el fiscal, la realidad criminal que vivimos, sin esta reforma, llevaba camino de hacer imposible la tutela judicial efectiva que demanda la Constitución.

Nuevo Código Penal

Moscoso afirmó que es preciso que los esfuerzos renovadores de la Justicia se intensifiquen en el futuro, no sólo en lo que se refiere a recursos materiales y personales, sino, y de forma preferente, impulsando la culminación de la reforma procesal iniciada y promulgando cuanto antes el Código Penal de la democracia. El fiscal mostró su preocupación por la permanente inestabilidad de esta norma que es modificada continuamente, lo que a su entender le priva de respeto y eficacia. "Diez años después de la Constitución", se explica en la memoria, Ia nueva democracia española no ha sido capaz de dotarse de un código que ( ... ) fuera capaz, desde el consenso de las fuerzas políticas y sociales, de plasmar en su articulado los principios básicos de nuestra convivencia pacífica".

Para Moscoso, 1988 fue un año esperanzador para la Justicia, y ahora queda acometer con decisión el camino trazado. Los pasos siguientes son el desarrollo de la ley de Planta y Demarcación, la culminación de la reforma procesal, la promulgación de un nuevo Código Penal y la ley del Jurado.