La candidata

AL PRESENTAR su candidatura al Congreso, Carmen Romero ejerce un derecho individual que nadie podrá discutir. Cualquier consideración ulterior sobre tal iniciativa deberá partir de ese reconocimiento. Pero en ella subyace una posible contradicción: por una parte, al presentar su candidatura afirma su autonomía como mujer y como militante socialista, lo, que sin duda favorecerá la captación de un segmento del voto femenino en general y del influido por ideales feministas en particular, pero, por otra, para conseguir ese efecto se sirve irremediablemente de su notorio como mujer del presidente del Gobierno. Tal antinomia está en la naturaleza de las cosas, no en la subjetividad de las personas; Carmen Romero no podría evitarla sino renunciando voluntariamente a un derecho legítimo. Nadie puede exigirle eso.Con más o menos reticencias, la mayor parte de los partidos y de sus dirigentes ha observado una actitud respetuosa, como se merece, sobre la decisión de Carmen Romero. Con la excepción, bien significativa, de la derecha. conservadora y de algunos líderes andalucistas, que han competido entre sí a la hora de disparatar sin tasa. La comparación de Carmen Romero con Imelda Marcos o con Evita o Isabelita Perón constituye la manifestación más mostrenca de esa pasión por el método analógico a que con frecuencia se reduce la capacidad dialéctica de ciertos antiguos admiradores de doña Carmen Polo de Franco.

Una sustancial diferencia entre las cuatro señoras citadas y Carmen Romero es que ésta era una destacada militante socialista y ugetista mucho, antes de que su marido, un abogado laboralista sevillano, pudiera pensar en la posibilidad de llegar a ser primer ministro. Otra diferencia es que, en las antípodas de los comportamientos de esas damas, Carmen Romero ha mantenido una posición discreta, soslayando figu rar más allá de lo estrictamente inevitable en los actos públicos en que participaba su famoso marido y rehusando jugar el papel de contrapunto floral (o humano) a que destinan los especialistas en imagen electoral a los cónyuges de los personajes públicos. Además, bastantes, candidatos, del PSOE y de otros partidos, cuentan con una experiencia militante, antes y después de la muerte de Franco, menor que la suya.

Con todo, es legítimo plantearse la oportunidad de la iniciativa. En toda sociedad democrática existen unas pautas tácitas de comportamiento que en ocasiones implican la renuncia, voluntaria a legítimos derechos individuales en aras de valores intangibles. Por ejemplo, nadie podrá exigir legalmente al director de un periódico independiente que renuncie a su eventual militancia política, pero sería adecuado, que lo hiciera de modo voluntario; nadie podrá impedir que un ex ministro se gane Ia vida con ciertas actividadades lícitas vinculadas a las relaciones públicas, pero pocos dudan de la utilidad de que renuncie a ello por propia voluntad.Carmen Romero pudo haberse presentado a las elecciones de 1971, 1979 o 1982, y no lo hizo. Al decidirse a ello una década después, era inevitable que levantase polémica.

Un debate sereno sobre la idoneidad de la candidatura de Carmen Romero hubiera sido deseable, porque hubiera remitido a las normas de conveniencia política por las que se rigen de hecho las principales democracias del mundo. ¿Es legítimo reemprender una actividad política desde una situación -con todos los matices del caso- objetivamente privilegiada? ¿Qué influye más en la presencia de Carmen Romero en la campaña electoral su militancia política o su papel personal al lado del líder socialista?

A dar respuesta a estos interrogantes debla haber se dirigido cualquier polémica sobre el tema; sin embargo tal como ha sido planteada por quienes la han suscitado, la candidatura de Carmen Romero lo único que ha conseguido es derivar el debate político hacia terrenos personales -a veces rozando la injuria- muy marginales respecto a lbs problemas muy marginales tales de los ciudadanos españoles. Por desgracia, es bastante probable que haya que esperar a otra campaña electoral para que se discuta en profundidad sobre aspectos tales como la economía, el paro, los servicios públicos, la vivienda, la justicia, la calidad de vida o la sanidad y lo que cada opción política entiende de ellos.