Una finca rehabilitada hace un año

EL PAÍS La alcaldesa de Valencia, la socialista Clementina Ródenas, aseguró que las obras de reforma que se estaban realizando en el edificio que se derrumbó ayer en la calle de Pedro III el Grande, en el barrio de Russafa de Valencia, eran ¡legales. Ródenas, que estuvo a primera hora en el lugar de los hechos, señaló: "Habían solicitado una licencia de reforma el pasado día 21 de septiembre y el Ayuntamiento todavía no había contestado".

Según manifestó ayer uno de los albañiles que trabajaban en el bajo de la entidad bancaria, las obras comenzaron hace tres semanas. Todo parece indicar que si la licencia se solicitó con fecha del día 21, las obras empezaron casi al mismo tiempo.

Aunque las causas del derrumbamiento no están todavía claras, todos los técnicos consultados apuntaron la posiblidad de que en el transcurso de las obras se haya tocado algún pilar fundamental de la estructura. Según informó el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, José Cabrera, el edificio, construido en los años veinte, se encontraba en perfecto estado y hacía alrededor de un año que se había llevado a cabo una rehabilitación de las fachadas.

El Ayuntamiento tiene legalmente un plazo de dos meses para tramitar una licencia de obras. En la licencia debe constar, entre otros documentos, un proyecto técnico suscrito por un arquitecto y supervisado por el Colegio Oficial de Arquitectos. Una vez aceptados los documentos, la licencia se concede a través de una resolución de alcaldía.

Proyecto sin arquitecto

Fuentes oficiales del Colegio de Arquitectos manifestaron ayer que ninguno de sus colegiados había suscrito un proyecto técnico para estas reformas y que el organismo no se considera involucrado en el suceso.

La responsabilidad penal puede recaer de forma compartida sobre la Caja de Ahorros del Mediterráneo, propietaria del inmueble y la empresa Valenciana de Construcciones, encargada de la reforma. La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) hizo público en la tarde de ayer un comunicado en el que asegura que en el momento del derrumbamiento se estaba produciendo sólo el levantamiento del pavimento del local y declina cualquier responsabilidad sobre el accidente. Textualmente el comunicado de la CAM dice: "No existe relación entre los trabajos y el accidente. El proyecto encargado a Taula de Disseny no contempla modificación alguna de las estructuras del edificio". Posteriormente la CAM adjudicó a Valenciana de Construcciones y Servicios el proyecto. La entidad crediticia señala que sólo es arrendataria del inmueble y que el proyecto de reforma estaba encargado a la empresa Valenciana de Constructores y Servicios.