Protección Civil acusa al Gobierno catalán de boicotear el Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona

La directora general de Protección Civil, Pilar Brabo, acusó ayer a la Generalitat de "poner todas las trabas posibles" al desarrollo del Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona (Penta). Brabo consideró "irresponsable" la modificación del plan propugnada por el conseller de Industria y Energía del Gobierno catalán, Maciá Alavedra, al informar al Parlamento autonómico sobre el incendio de Vandellós 1 del pasado 19 de octubre. Brabo se mostró partidaria de dar un "escarmiento" a la dirección de la planta para evitar que se repitan incidentes como aquél.

Pilar Brabo, visiblemente alterada, replicó ayer a la propuesta de Alavedra de revisar el Penta asegurando que el Gobierno autonómico "ha entorpecido" desde el pasado mes de febrero la firma de un convenio para paliar las carencias de infraestructura viaria de la zona situada junto a las cuatro centrales de Vandellós y Ascó. Brabo desveló: "Durante meses hemos ido detrás de ellos para que firmaran el convenio. Son unos irresponsables".El convenio preveía, según Brabo, una inversión de 3.335 millones de pesetas, de los que 2.834 millones serían aportados por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y el resto repartidos entre la Diputación de Tarragona (184) y el Gobierno catalán (317). La inversión de estas dos últimas instituciones era supenor, pero la mitad de la misma era aportada por el MOPU.

Brabo aseguró que el compromiso no ha podido ser firmado porque la Generalitat se ha escudado en conflictos de competencias. "Nos han puesto todas las trabas posibles para firmar el acuerdo, diciendo que si esta carretera me corresponde, que si ésta no es mía. Es una actitud inexplicable".

Líneas telefónicas

La máxima responsable de Protección Civil aseguró que su departamento tampoco ha podido aplicar en Tarragona el convenio suscrito en Guadalajara para equipar con teléfonos a las localidades con menos de 50 habitantes próximas a la central de Trillo. La prolongación de la red telefónica a las poblaciones nucleares de Tarragona con menos de medio centenar de habitantes supondría para cada uno de ellos el pago de entre 500.000 y un millón de pesetas por cada línea. La inversión ascendía a 154 millones de pesetas, a pagar, a partes iguales, por el Gobierno, Telefónica, Generalitat y Diputación. "En Guadalajara el desembolso era mucho mayor y no han surgido problemas", agregó Brabo.La directora general aseguró que la Generalitat todavía no se ha dirigido a Protección Civil para interesarse sobre el accidente del día 19 y advirtió que la Administración catalana tiene un compromiso ineludible con el Penta: "Ellos [el Gobierno catalán] hacen las mediciones radiológicas; tienen las competencias sobre los bomberos, a quienes deberían impartir información y, entre otras cosas, cuentan con atribuciones sanitarias".

Convergència i Unió (CiU) apoyó en el Congreso el Plan Energético, por lo que, a juicio de Brabo, el Gobierno que controla la coalición nacionalista está tan implicado en la seguridad de la población como cualquier otra institución. Protección Civil replicó a las críticas sobre las carencias del plan de emergencia, al señalar que la inversión de 284 millones de pesetas entre 1988 y 1989 ha supuesto "dotar al Pentade los medios operativos necesarios".

Pilar Brabo se mostró partidaria de "escarmentar" a Vandellós 1 yaseguró que las empresas eléctricas ignoran la obligatoriedad de cumplir los planes de emergencia. "Yo misma he comunicado al presidente González que si el informe del CSN es determinante, la central no se puede volver a abrir. Que la cierren y punto", afirmó.

"Lo que está claro es que las centrales no pueden funcionar s no se garantiza la seguridad de la población, que está prescrita por ley y que, alegremente, incumplió el director de Vandellós V, dijo Brabo y expresó su deseo de que la central sea sancionada con 100 millones de pesetas, máxima multa que se puede imponer a una nuclear por negligencia.

Ayer se manifestaron varios miles de personas en diversas poblaciones tarraconenses pidien do el cierre de las centrales.