Aprobado el presupuesto francés tras fracasar otra moción de censura

La Asamblea Nacional francesa aprobó en la noche del lunes el presupuesto para 1990 en primera lectura, al fracasar una nueva moción de censura contra el Gobierno socialista de Michel Rocard, presentada por la oposición. Sólo tres veces durante la V República -las anteriores fueron en 1959 y 1979- la Administración necesitó para aprobar los presupuestos el procedimiento excepcional previsto en la Constitución.La moción, rechazada al lograr únicamente 254 votos de los 288 necesarios, es la sexta que sufre el Gobierno este año y la segunda en un mes de debate del presupuesto. La primera parte de éste, reservada a los ingresos, hubo de ser aprobada ya de la misma forma. Seis diputados de centro derecha -entre ellos el ex primer ministro Raymond Barre- no apoyaron la moción.

Cuando el Gobierno no tiene asegurada la mayoría puede recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar una ley sin votación. En ese caso la oposición puede responder con una moción de censura, pero si la iniciativa fracasa, como ha ocurrido siempre con el Gobierno de Rocard, la ley en cuestión se considera aprobada.

Pese a dos mociones de censura y dos meses de debates en total -el proyecto entró ayer en el Senado-, las modificaciones en el presupuesto elaborado por el Gobierno serán insignificantes. La cifra global ha variado en menos del 1 por 1.000, dato que indica el escaso margen de maniobra de los diputados, pese a la mayoría relativa con que cuenta el Gobierno.

Los gastos del Estado francés para 1990 ascienden a 1,218 billones de francos (unos 23 billones de pesetas), de los que 908 millones de francos han sido añadidos en la Asamblea Nacional. Los ingresos, con una adición de 604 millones, se elevan a 1,128 billones de francos.

Las modificaciones más importantes introducidas por la Asamblea son ligeros aumentos en el impuesto sobre las plusvalías de las empresas y en el impuesto de solidaridad sobre las fortunas, y una disminución de la tasa que grava las viviendas para las personas que reciben el salario para pobres (RMI).