Acuerdo político de los 'doce' sobre la libre residencia de estudiantes y jubilados en la CE

La presidencia francesa logró ayer en Bruselas, en el último Consejo de Ministros de la Comunidad Europea (CE) del año 1989, un acuerdo político sobre las tres directivas que garantizarán el derecho a la futura residencia dentro de la CE a estudiantes, jubilados y rentistas, hasta ahora excluidos del principio de libre establecimiento. Sin embargo, el acuerdo depende del contencioso hispano-británico, ya que el Reino Unido exige excluir a Gibraltar como territorio de acogida a causa "del espacio limitado, la densidad de población y la demanda de viviendas y servicios sanitarios".

Las tres directivas son el desglose de un proyecto conjunto anterior, que no prosperó bajo presidencia española. Las propuestas de la Comisión Europea van dirigidas a rellenar el vacío de la libre residencia de los colectivos de estudiantes, jubilados "no activos" o rentistas. El Tratado de Roma sólo garantiza el derecho de libre circulación y establecimiento a las personas relacionadas con una actividad económica, trabajadores o profesioriales.El acuerdo definitivo se enfrentó con la exigencia del Reino Unido de "no aplicar la directiva en Gibraltar para la libre entrada de jubilados y no activos". Esta versión unilateral que pretenden los británicos se basa en que, "dado el espacio limitado, la densidad de población y, la importante demanda de viviendas y servicios sanitarios en Gibraltar, la presente directiva no debería abrir el derecho de residencia en Gibraltar".

El secretario de Estado para la CE, Pedro Solbes, representante español en el Consejo, declaró que, de acuerdo con la ley de Extranjería, "los gibraltareños pueden residir en España y el Gobierno no tiene intención de modificar la situación". Sin embargo, añadió, "el Reino Unido, con su actitud, conculca la Declaración Conjunta de Bruselas, de noviembre de 1984, que establece un trato recíproco".

Desacuerdo francés

Fuentes de la presidencia francesa manifestaron que no estaban de acuerdo con la posición británica, que consideran no se ajusta a derecho. Para Pedro Solbes, "no hay justificación técnica para un tratamiento especial a los ciudadanos de Gibraltar, sobre todo porque los argumentos no obedecen a razones reales, aunque el Gobierno no se plantea cuál puede ser la verdadera intención que ocultan".

Las directivas establecen un sistema de compensación por el que el Estado de origen asumirá los costes de esos trasvases de ciudadanos. Grecia, Portugal y la Comisión Europea, en apoyo de España, plantearon al Consejo la reserva de si se podía pensar en un acuerdo ante una condición del calibre de la británica.

Al final, con la única oposición británica, se aceptó que los dos países implicados estudiarán una solución bilateral. España estuvo de acuerdo, pero hizo constar que se trata ya de un tema comunitario. Aparte de esta condición inaceptable, las directivas quedan pendientes de decidir la base jurídica para saber si serán obligatorias directamente o a través de legislaciones nacionales, matiz este último que pudiera dar lugar a retrasos de aplicación.

Por otra parte, también el Parlamento Europeo debe emitir un dictamen, preceptivo pero no vinculante.

Marginales, no

La libre residencia quedará condicionada a un criterio económico, que para los estudiantes consistirá en que dispongan de una beca. o medios suficientes de subsistencia.

Los jubilados y rentistas tendrán que justificar ingresos equivalentes, al menos, a la pensión mínima de su país de origen. Los marginales o quienes no puedan justificar rentas carecerán de este derecho.

Cada país está obligado a compensar los gastos sanitarios u de otro tipo que generen al Estado receptor estos residentes itinerantes. Grecia impuso, por motivos constitucionales, que el monte Athos quedara vetado a todo extranjero, especialmente mujeres, y pidió que se garantice la situación actual de los estudiantes, para que los que en estos momentos residen en otros países europeos no sean devueltos a casa. Grecia es uno de los países que más estudiantes tiene en territorio europeo, fuera de sus fronteras. Los Estados se han comprometido a poner en vigor las medidas administrativas reglamentarias antes del 30 Julio 92.

Dinamarca mantiene una reserva, que debe decidir su Parlamento, antes de aceptar que las directivas se puedan aplicar a una segunda residencia.