El IV Convenio de Lomé

El 15 de diciembre se ha firmado en Lomé, la capital de Togo, el convenio en función del cual los 12 países miembros de la Comunidad Europea asumen una serie de compromisos para favorecer, a lo largo de 10 años, el desarrollo de 68 países subdesarrollados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) que están en muchos casos entre los de menor nivel de renta de todo el mundo.Para la Comunidad este convenio representa el cuarto de la serie iniciada en 1975, cuando, tras el ingreso de Gran Bretaña en la Comunidad, los seis fundadores de la CE aceptaron ampliar a los países pobres de la Commonwealth el sistema de asociación que el Tratado de Roma había previsto para las excolonias de los Estados miembros iniciales.

Para España y Portugal, los últimos llegados al Club de Bruselas, este IV Convenio de Lomé es el primero en cuya negociación y conclusión intervienen, puesto que al producirse su ingreso en la CE debieron aceptar, como acervo comunitario, el III Convenio con además, la obligada participación financiera para contribuir al VI Fondo Europeo de Desarrollo incorporado a dicho III Convenio.

Para el grupo de los países ACP, la participación de España en las negociaciones del IV Convenio -presidiendo incluso el Consejo durante el primer semestre de 1989, lo que fue, en muchos aspectos, clave para poder llegar a concluir el convenio durante la presidencia francesa- habrá significado la ampliación de¡ grupo, puesto que el Gobierno de Madrid dejó muy claro desde el primer día que no estaba dispuesto a llegar al final de la negociación si la República Dominicana -que ha entrado junto a Haití ahora- no era aceptada como país signatario.

Solamente un país hispano-parlante estaba hasta ahora entre los países ACP: Guinea Ecuatorial, si bien varios países anglófonos de América ya formaban parte del mismo: Belice, Guyana y una serie de pequeños Estados del Caribe.

Desde un punto de vista económico, los países ACP no tienen una gran importancia para la CE, por mucho que el pasado colonial confiera a los países europeos toda una serie de responsabilidades históricas respecto a los mismos y por mucho que algunos de tales países sean suministradores importantes de algunas materias primas necesarias para la economía europea.

En 1988, los doce importaron un total de 929.561 millones de ECU, de los que adquirieron fuera de la propia CE 387.556 millones. Solamente 17.327 de ellos eran originarios de los hasta ahora 66 países ACP, lo cual significa solamente el 1,8% de las ¡mportaciones que están realizando los doce y el 4,4% de las compras que los doce efectúan fuera de la Comunidad.

Pese a que los países ACP representan un mercado global consumidor de 430 millones de habitantes -incluyendo países populosos como Nigeria, Etiopía y Zaire-, los bajos niveles de renta de los mismos impiden que su absorción de exportaciones comunitarias sea alta. Los doce exportaron en 1981 por un total de 906.419 millones de ECU, de los que 362.810 fueron adquiridos por países de fuera de la Comunidad. De este total sólo fue a los países ACP una cantidad equivalente a 15.233 millones de ECU, con lo que los 66 solamente tuvieron una participación relativa del 4,2% de las ventas que los doce efectúan fuera de la Comunidad, que es lo mismo que decir que los países ACP solamente absorben el 1,7% de las ventas que las empresas comunitarias realizan en el extranjero.

Ratificación

La acción comunitaria en favor de los países en vías de desarrollo se produce, ciertamente, de forma preferente hacia los países de Lomé, que con el actual convenio son 66 y que con el que ha entrad o en fase de ratificación en 1990 para aplicarse en 1991 van a ser 69 (los actuales, Haití y República Dominicana, y Namibia cuando alcance la plena independencia en 1990), pero ello no quiere decir que el resto de países en desarrollo no sea objeto también de atención por parte de la Comunidad Europea.

La Comunidad tiene preferencias arancelarias en favor de todos los países subdesarrollados del mundo, y se está ahora asistiendo a la concesión de preferencias también'en favor de las exportaciones de los países del Este europeo que están haciendo su tránsito hacia la economía de mercado (Polonia, Hungría), que no pueden denominarse propiamente países en desarrollo.

La Comunidad concede también ayuda alimentariá a los países en desarrollo que lo precisen (los mayores beneficiarios son Bangladesh y Egipto, que no son países ACP), entrega ayudas de urgencia a países afectados por catástrofes naturales o conflictos de todo tipo y financia inversiones de desarrollo de diverso alcance tanto en países ACP como en países mediterráneos o en países latinoamericanos y de Asia.

Últimamente, por ejemplo, la Comunidad ha aportado unos 150.millones de dólares para establecer una caja de compensación de pagos que permita la reactivación de los intercambios comerciales entre los países del Mercado Común Centroamericano.

Claro está que los países de Lomé tienen la ventaja de que mientras los proyectos y ayudas a favor de los países atrasados que no forman parte del grupo ACP solamente se financian con la parte del presupuesto anual de la Comunidad Europea que se destina a cuestiones de desarrollo, los países ACP reciben apoyo de las líneas presupuestarias (partidas destinadas a ayuda alimentaria, ayuda de urgencia, cofinanciación de proyectos llevados a cabo por organizaciones no gubernamentales de desarrollo, etcétera) y del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) incluido en el Convenio de Lomé y financiado directamente por los doce, según una clave de reparto, pero administrado por la Comunidad Europea.

Esta doble línea financiera les permite beneficiarse de programas plurianuales de inversiones cubriendo el plazo de cinco años de vigencia de cada FED. El FED VII, aparejado al primer quinquenio del IV Convenio de Lomé, supone unas aportaciones de los Estados miembros de la Comunidad de 10.800 millones de ECU entre las donaciones previstas para financiar inversiones y proyectos de diverso alcance, los fondos de compensación por caída de precios de exportación y otros, así como el apoyo al ajuste estructural -seguramente bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial- al que se lancen los ACP que reorienten su economía hacia nuevas vías de crecimiento. El paquete financiero de Lomé se completa con fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por un importe de 1.200 millones de ECU.

Paquete financiero

Tal paquete financiero de Lomé es el más importante que se haya llegado a aprobar, en la historia de las acciones mundiales en pro del desarrollo, salvo si consideramos como tales las últimas ampliaciones de capital y reposiciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y de los organismos financieros de su órbita; pero aun así hay que recordar que el esfuerzo en pro del desarrollo de los doce no acaba en la acción efectuada a través de la Comunidad Europea.

La Comunidad Europea es el cauce de solamente el 15%. del esfuerzo global que los doce llevan a cabo en favor de los países en desarrollo. Algunos de los países miembros de la Comunidad llevan a cabo amplias políticas bilaterales en favor de los países pobres, al tiempo que son también donantes sobresalientes del Banco Mundial, Asociación Internacional de Desarrollo, bancos Interamericano, Africano y Asiático de Desarrollo y otras instituciones financieras multilaterales creadas para esta tarea de ayuda al Tercer Mundo.

Respecto a este esfuerzo global en favor del desarrollo, España es uno de los países que muestra una dedicación menos intensa, por lo que, comparativamente, está canalizando una parte relativa mayor que la mayoría de los doce hacia acciones de desarrollo de la comunidad como tal.

Por esta razón hay en España una cierta frustración respecto al escaso éxito que las empresas españolas han logrado obtener hasta ahora en las licitaciones con las que la Comisión Europea busca a las empresas capaces de llevar a cabo las obras públicas los suministros y los estudios y servicios. Esto ha motivado, por cierto, que España ha negociado y ha obtenido una reducción (del 6,6% al 5,9%) en su baremo de aportación al VII FED en relación al que está soportando respecto al actual VI FED.

Llegados aquí podríamos, empero, preguntarnos si en vez de reducir la aportación relativa española no hubiera sido mejor mantenerla tratando de desplegar mayores esfuerzos para que las empresas españolas exportaran más bienes y servicios por medio de los contratos a financiar por el FED.

La respuesta a la cuestión resulta obvia si pensamos que a España le hace falta aportar mucho más en favor del Tercer Mundo, pues no tiene presentación que la parte de nuestro PNB que se puede calificar de Ayuda Pública al Desarrollo sólo alcance el 0,08%, que es una cifra ridícula si se comprara con lo que exige la solidaridad internacional en pro del desarrollo.

Pero la respuesta queda mucho más matizada si pensamos que las orientaciones históricas de la ayuda española al desarrollo no coinciden con las orientaciones tradicionales de otros paises europeos lo cual se traduce además en que las empresas de estos países tengan una mayor agresividad para hacerse con los contratos sacados a licitación por la Comunidad Europea en base a la financiación al desarollo disponible.

Esto es algo, sin embargo, sobre lo que debe empezar a haber un mayor empeño por parte de las empresas, la Administración y hasta las organizaciones no gubernamentales españolas. Quizá el boom importador y de la demanda interna hace olvidar que la ayuda al desarrollo es también una vía para exportar más.