Industria estima en 74.000 millones de pesetas el coste pagado por las empresas eléctricas por culpa del mal año hidráulico

F. NADAL / M. A. NOCEDA, El Ministerio de Industria y Energía ha evaluado en 74.088 millones de pesetas el importe que las compañías eléctricas españolas han dejado de percibir en 1989 como consecuencia de la diferencia de hidraulicidad registrada en ese ejercicio con relación al llamado año hidráulico medio. El año hidráulico medio se determina en el marco legal y estable en el que se establecen los mecanismos para la fijación automática de la tarifa eléctrica. Junto a ello, los responsables energéticos han previsto para este año un incremento del 5% en el precio del carbón.

La caída en la cifra de beneficios que se registrará en la mayor parte de las compañías eléctricas, que quedará patente cuando hagan públicas sus respectivas cuentas de pérdidas y ganancias correspondiente a 1989, va a estar íntimamente ligada a la evolución climatológica que se ha observado a lo largo del ejercicio recién cerrado, caracterizada por una situación de prolongada sequía -que persiste aún en la zona norte española-, dramáticamente rota en algunos casos a finales de año.

Aunque el marco legal y estable toma en cuenta una serie de parámetros a la hora de determinar la tarifa eléctrica y establece un sistema corrector para el caso de que alguno de los factores que han servido de base para su determinación se sitúe por encima de los estimados inicialmente, lo cierto es que la hidraulicidad del año en cuestión no es un factor que se tome en consideración a la hora de realizar el cálculo de las desviaciones.

Los redactores del marco estable tomaron como un valor fijo el llamado año hidráulico medio, de tal forma que un año hidráulicamente bueno se compensa con otro que resulte malo. En definitiva, que cuando llueve por encima de la media prevista, los beneficios que se obtengan de ello son para las empresas eléctricas, al igual que las pérdidas que se deriven del fenómeno contrario.

El hecho de que las lluvias no hayan hecho acto de presencia en España desde principios de la segunda mitad de 1988 hasta prácticamente el último trimeste de 1989, ha provocado una drástica caída en la producción energética de origen hidráulico, que ha tenido que ser compensada mediante el empleo de fuel y de carbón, lo que se ha traducido en mayores costes por las empresas y, especialmente, para aquellas que basan su potencial en las centrales hidroeléctricas, como es el caso de Iberduero, Hidrola, Unión-Fenosa o Enher.

El Ministerio de Industria y Energía, que prevé para 1990 un incremento de la demanda real del 4% sobre el ejercicio precedente, considera conveniente una subida del precio del carbón del 5%, "con el fin de mantener la productividad y la actividad del sector minero", según se indica en el expediente de tarifas remitido el pasado 29 de diciembre a la Junta Superior de Precios.

Paralelamente, los responsables de la política energética española contemplan la puesta en marcha en el mes de julio del presente ejercicio de dos nuevas centrales hidráulicas -La Remolina I y II-, y en octubre otra central térmica -Escadrón 5-, todas ellas pertenecientes a Endesa.