Richard Ellis considera "inviable" la creación de miles de oficinas en los actuales cuarteles de Campamento

Un informe de Richard Ellis considera "inviable" el proyecto de construir 1,2 millones de metros cuadrados de oficinas en los terrenos ocupados por los cuarteles de Campamento. El estudio, encargado por el Ayuntamiento para conocer las necesidades de suelo para oficinas con vistas a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pone en entredicho el convenio firmado por el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid.

El ministro de Defensa, Narcís Serra, y el presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, suscribieron el pasado 6 de junio un convenio para desalojar los cuarteles de Campamento, en la carretera de Extremadura, y construir en sus solares más de dos millones de metros cuadrados de oficinas, comercios y viviendas.Los estudios técnicos sobre el área de Campamento -previos a la firma del convenio por el que se desmantelarían un total de seis cuarteles- afectan a una superficie de 798 hectáreas.

En esta operación, que se desarrollaría en 15 años, está previsto destinar 1.200.000 metros cuadrados a oficinas, 500 000 a viviendas y 300.000 a equipamientos comerciales.

El informe de Richard Ellis analiza la futura evolución del mercado de oficinas en la periferia de la capital. De las nueve zonas destinadas a oficinas investigadas, la de Campamento es la que se lleva la peor parte al ser calificada de "inviable".

La consultora afirma: "sinceramente, no habrá demanda suficiente" para absorber los 930.000 metros cuadrados de oficinas que en los próximos años saldrán al mercado en la periferia de Madrid, antes de que lo hagan los terrenos de Campamento. El informe dice que al menos una tercera parte de esa oferta quedará vacante y añade que las nuevas superficies de la periferia "no servirán para reducir la actual demanda de oficinas en el centro".

Estas afirmaciones pueden suponer un segundo y duro revés para el convenio firmado entre la Comunidad y Defensa. El primero fue la suspensión por parte del pleno del Ayuntamiento del protocolo de adhesión al convenio firmado por Juan Barranco, poco antes de que fuera relevado de su puesto de alcalde por una moción de censura del centro-derecha.

Desautorización

El CDS y el PP, en la oposición por aquellas fechas, apoyaron entonces la propuesta de Izquierda Unida de suspender el protocolo -"suscrito a espaldas de la corporación"-, a pesar de que todos estaban de acuerdo en la necesidad de sacar los cuarteles de la ciudad. Sin embargo diferían con el PSOE en el método, porque consideraban que el planteado en el convenio suponía una fuerte modificación del PGOU.Este acuerdo de suspensión adoptado el 22 de junio por el pleno aún no ha sido comunicado a las partes por el nuevo equipo municipal, según ha denunciado IU. Por ello, ni Defensa ni la Comunidad tienen conocimiento oficial de la retirada del Ayuntamiento.

IU calificó el convenio de "escandaloso" por aceptar un cambio del PGOU "de tal magnitud, que podría equipararse a un intento de hacer urbanizable el parque del Retiro".

La proposición de IU tildaba de "especulativa" la operación, por responder "a las necesidades de reestructuración de las instalaciones del Ministerio de Defensa, pero no convirtiendo estas instalaciones en equipamientos colectivos". Defensa exigió contrapartidas para que los traslados no le resultaran gravosos. La compensación económica que recibiría el Ministerio de Defensa fue cifrada "de forma orientativa" en 30.000 millones de pesetas.

A esta indemnización hay que sumar el coste de la inversión para urbanizar el nuevo complejo (45.000 millones), otros 22.1500 millones en incentivos para atraer empresas y 45.000 millones más para la financiacion de los costes iniciales y del margen de seguridad.