Múgica afirma que no negociará con los GRAPO

El ministro de Justicia, Enrique Múgica, afirmó ayer en el Congreso, durante una comparecencia para explicar la política de su departamento para esta legislatura, que el Gobierno no negociará con los GRAPO. "La ley es la ley, y es igual para todos" precisó el ministro, "y la Administración no puede modificar su cumplimiento por graves que sean las medidas que quienes quieren chantajear estén dispuestos a adoptar". Múgica dibujó un panorama optimista de la reforma judicial, que fue contestado por la oposición, recordándole que la justicia es la asignatura pendiente de la democracia.

La intervención del ministro respecto de los GRAPO fue considerada en medios parlamentarios como muy dura. Múgica manifestó: "La Administración penitenciaria no puede negociar la modalidad de cumplimiento de sus condenas con quienes han sido condenados por tribunales independientes (...) Por la misma razón que ahora persiguen cierta reivindicación podrían mañana, ellos u otros cualesquiera, intentar chantajear al Estado de la misma forma pero planteando otras solicitudes: por ejemplo, su puesta en libertad, el acortamiento de las condenas".El ministro añadió: "La ley es la ley y es igual para todos pero, de ser distinta para alguien, no lo sería precisamente para quienes pudiendo tranquilamente defender sus convicciones y perseguir sus objetivos políticos en el marco de la legalidad democrática, han preferido dejar tras de sí un reguero de viudas y de huérfanos y persisten, todavía hoy, en manchar de sangre las calles españolas".

"No puedo ocultar", explicó Múgica, "que pienso a menudo en lo que puede resultar del fatal desenlace de esa terca y obstinada actitud que está destinada al fracaso; pero pienso más en esas viudas y esos huérfanos, y en esas vidas segadas, las de quienes no cometieron otro delito que el de ser ciudadanos normales que tuvieron la desgracia de ponerse en el punto de mira de estos asesinos".

Los poderes públicos, según el ministro, tienen la obligación de impedir los fallecimientos, y aunque algunos órganos judiciales han considerado que forzar la alimentación de los reclusos de los GRAPO viola sus derechos fundamentales, su departamento no comparte esa opinión y "ejercerá todos los recursos legalmente previstos para modificarla".

El ministro se mostró muy satisfecho por cómo ha discurrido la reforma de la Administración de Justicia, con la entrada en funcionamiento de los Tribunales Superiores de Justicia y los juzgados de lo penal. Varios portavoces de la oposición le recordaron que la justicia es un caos y que la reforma emprendida no solucionará el retraso acumulado ya por órganos jurisdiccionales de reciente creación.

Sobre el desarrollo legislativo, destacó que en 1991 estará en disposición de enviar a las Cortes los proyectos de Código Penal -el de la democracia, pues el anterior ya no admite más reformas- y de leyes procesales en los que se incluiría la regulación del jurado. En el Código Penal se introducirá la legislación sobre menores.

En el turno de réplicas de los portavoces se produjo un momento de tensión cuando el diputado Joseba Azcárraga preguntó si el Gobierno pensaba elaborar un proyecto de ley para llenar el vacío legislativo sobre los fondos reservados. (Existen serios indicios de que fondos reservados de Interior fueron desviados para financiar atentados de los GAL).

- Múgica. No hay vacío legal.

- Azcárraga. Eso es mentira, señor Ministro.

- Presidente. Señor Azcárraga, no provoque la confusión.

- Múgica. No. De todas formas, da lo mismo que diga que es mentira o no, ¡bah!.

Respecto al comandante Masa, que ha sido acusado en la Prensa de participar en el asesinato del dirigente de HB Santiago Brouard, el ministro dijo que no puede asumir las presunciones de los medios de comunicación y que para él es más importante la presunción de inocencia. Agregó que Masa trabajó en comisión de servicios en el Ministerio en materia de seguridad de prisiones, pero puntualizó que no podía precisar si en la actualidad sigue trabajando.

Sobre los permisos a presos de ETA, el ministro señaló que cada vez son más los reclusos que los solicitan, pero lo que ocurre, dijo, es que padecen el síndrome Yoyes [dirigente etarra asesinada por la organización terrorista tras su reinserción. Múgica adelantó también que el Gobierno estudia un proyecto de indemnización a las víctimas del terrorismo.