Los arquitectos denuncian al juez anomalías en la adjudicación de proyectos municipales

Madrid - 09 may 1990 - 00:00CEST

Luis Álvarez, presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) y concejal del PP, tuvo capacidad en 1988, y desde la oposición, para adjudicar determinados proyectos a arquitectos o para vetar otros ya adjudicados, según recoge la investigación realizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). El informe, que contiene más de 30 entrevistas a profesionales, fue remitido ayer al juez, junto con el vídeo en el que el arquitecto Ignacio Vicens acusa a un edil del PP de cobrar comisiones. El Ayuntamiento anunció ayer que remitirá al juez las acusaciones de Vicens y que se querellará contra él por supuestas injurias o calumnias.

El primer informe del arquitecto encargado por el COAM fue entregado ayer al decano, Luis del Rey, y al presidente de la Comisión de Asuntos Profesionales, Rafael Martínez Turmo. En él se recogen las más de 30 entrevistas realizadas a otros tantos profesionales sobre las adjudicaciones municipales.El decano, a la vista de que existían posibles hechos constitutivos de delito, consultó inmediatamente con el abogado Jaime Gil Robles, quien consideró que el tema debía ser denunciado ante el juez, motivo por el que en la tarde de ayer fue interpuesta la correspondiente denuncia.

El decano aseguró que la treintena de entrevistas realizadas habían tenido relación con la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). "La investigación seguida se ha remontado hasta la constitución de la EMV en 1981", indicó Luis del Rey. "La línea de adjudicaciones que ha seguido esta empresa era discutible, aunque más o menos objetiva. Pero en torno a 1988 se complica, se quiebra y esa quiebra puede haber dado pie a situaciones irregulares", añadió el decano del COAM.

Del Rey aseguró que en la investigación habían aparecido como supuestos implicados varias personas vinculadas al Ayuntamiento de Madrid. "La mayoría son responsables políticos y eso no quiere decir concejales". El decano afirmó que la quiebra se había producido "como consecuencia de las nuevas facultades dadas a personas para conceder obras", y añadió que algunos de estos responsables no cambiaron hasta entrado este año.

El informe elaborado por el COAM y remitido al juez en la tarde de ayer recoge varias actuaciones calificadas de "extrañas" correspondientes a esa quiebra" de la línea de adjudicación de la EMV.

Según algunos de los arquitectos cuestionados, el entonces vocal del PP en el Consejo de Administración de la EMV, Luis Álvarez, tuvo capacidad para adjudicar o vetar proyectos a pesar de que entonces estaba de presidente el socialista Jesús Espelosín y de consejero delegado Oswaldo Román.

Según fuentes que han tenido acceso al informe del COAM, en él se señala que algunos proyectos de viviendas sociales fueron adjudicados por indicación de Luis Álvarez, quien también propuso el veto a algunos proyectos ya encargados. Entre ellos se cita la retirada de un proyecto al arquitecto Javier Carvajal de una promoción de unas 300 viviendas cerca de la M-30.

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Injurias y calumnias

El Ayuntamiento se querellará contra el arquitecto que denunció el supuesto cohecho

También la comisión investigadora del Ayuntamiento decidió ayer poner en manos del juez los hechos denunciados por Ignacio Vicens y presentar una querella contra él por supuestas injurias o calumnias. La comisión solicitará la comparecencia para el próximo día 16 tanto de Vicens como del decano y del presidente de la Comisión Deontológica del COAM.La reunión de la comisión investigadora municipal comenzó con la sustitución de su hasta ahora presidente, precisamente el concejal del PP Luis Álvarez, que presentó su dimisión. Franco González, concejal de Izquierda Unida, fue elegido para el cargo con el apoyo de PP, CDS e IU y la abstención de los socialistas.

Los miembros de la comisión vieron el vídeo del coloquio celebrado con el presidente del PP, José María Aznar, en el colegio mayor Moncloa, el día 23 de abril. En aquel debate, Ignacio Vicens, profesor cie Proyectos en la Escuela de Arquitectura, se refirió a un concejal del PP que pedía a los arquitectos a quienes encargaba proyectos un 30% de los honorarios, aunque también aludió al PSOE y a una supuesta cuota de reparto entre partidos.

"l Ayuntamiento va a ajercer las correspondientes acciones judiciales contra Vicens", aseguró el alcalde a la salida de la comisión. "Se han hecho acusaciones que luego no se han probado", dijo.

En la reunión, el concejal socialista Jesús Espelosín protestó ante el deseo de investigar los expedientes desde 1986. "La comisión vuelve a ser convocada no para investigar un hecho concreto, sino la acción de los cuatro últimos años. Deploramos este aparante intento de diluir un caso concreto y de nunciamos la inutilidad que hasta ahora han tenido esas comisiones", dijo Espelosín, el cual, en nombre de su grupo, puso como condición para participar en la comisión que se remitiera el tema al juez.

El centrista José Luis Garro explicó que se iban a estudiar los expedientes de los cuatro últimos anos, pues Vicens había denunciado una supuesta "conducta histórica municipal".

Entre los papeles estudiados ayer por la comisión figuró una relación con los 54 proyectos de obra nueva y los 34 de rehabilitación adjudicados por la EMV desde enero de 1989.

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