El Grupo Popular pide una negociación de última hora sobre la LOGSE

El Grupo Popular presentó ayer en la Comisión de Educación del Senado un "borrador de propuestas base para la negociación de la posible retirada del veto a la LOGSE", antes de que el Pleno de la Cámara Alta del próximo 4 de septiembre culmine prácticamente el trámite parlamentario de la ley de reforma educativa.

La propuesta de negociación fue presentada por el portavoz del PP en la Comisión del Senado, Isidro Fernández Rozada, cuando ya aquélla comenzaba a debatir las enmiendas a las disposiciones adicionales del proyecto de ley. El senador popular había anunciado con cierta solemnidad el primer día de sesiones de la Comisión la voluntad de su grupo de retirar la enmienda a la totalidad del proyecto, a condición de que el partido que apoya al Gobierno aceptase negociar en bloque sus enmiendas.El presidente de la Comisión de Educación y portavoz del Grupo Socialista en el debate sobre el veto popular al proyecto de ley de reforma educativa, Juan Iglesias Marcelo, rechazó esta propuesta de negociación de última hora. Para el senador socialista, los puntos de la propuesta negociadora no son sino una reiteración de las tesis sobre las que el PP asienta su radical oposición al proyecto de ley y desde un modelo muy distinto al que persigue la inciativa legislativa del Gobierno.

Un modelo que, al término del paso del proyecto de ley por las dos Cámaras, "no es ya, en sentido estricto, el modelo del Gobierno, sino el resultante de un amplio acuerdo que abarca a todas las fuerzas políticas, salvo el PP". Así resumía el trabajo de la Comisión la senadora socialista Josefa Frau, para quien el Partido Popular "se ha automarginado". Frau dijo que en el Senado se han incorporado unas 70 enmiendas más al proyecto.

El documento presentado por Fernández Rozada para la frustrada negociación con el PSOE se refiere, entre otros aspectos, a la asimilación de las etapas educativas no obligatorias al régimen de conciertos, a efectos de su gratuidad; a un bachillerato de tres años, en lugar de los dos que prevé la LOGSE; a la necesidad de una ley de financiación de la reforma educativa y al mantenimiento del cuerpo de catedráticos de bachillerato.