España y Reino Unido inician conversaciones contra el narcotráfico en Gibraltar

Los ministerios del Interior de España y del Reino Unido inician hoy lunes en Madrid discretas conversaciones a fin de que Gibraltar deje de ser ese "tumor cancerígeno" en la costa andaluza, descrito por Francisco Fernández Ordóñez, donde se organiza el narcotráfico y se blanquea el dinero, según fuentes allegadas al titular de Exteriores.

El jefe de la Unidad Nacional de Inteligencia Antidroga británico (National Drugs Intelligence Unit), Barry Price, que depende directamente del primer ministro, al que acompañan Joe Canapa, jefe de la policía gibraltareña, y dos oficiales de enlace de Scotland Yard, se reúnen hoy en la sede de Interior con Pedro Rodríguez Nicolás, director general de la Policía Judicial, el coronel Arsenio Ayuso de la Guardia Civil y funcionarios de Asuntos Exteriores.A sus huéspedes británicos la delegación española les pedirá que introduzcan en la colonia medidas que estén en la línea de las que empieza a suscribir la banca española por iniciativa propia y en aplicación de la Declaración de Basilea, de diciembre de 1988, sobre prevención de utilización del sistema financiero para el blanqueo de fondos de origen criminal.

El anonimato que el sistema bancario gibraltareño ofrece a sus clientes es muy superior al español, y la adopción por las instituciones financieras locales, a instancias de Londres, de un compromiso de esas características es tanto más necesaria, según la delegación española.

Legislación sobre planeadoras

Rodríguez Nicolás y Ayuso solicitarán también a sus interlocutores que consideren la posibilidad de introducir en el Peñón una legislación sobre planeadoras similar a la vigente en España desde septiembre de 1989, que limita la potencia de las embarcaciones de alta velocidad. La Guardia Civil ha detectado que varias planeadoras que se han visto obligadas a dejar de operar en Galicia están ahora radicadas en la Roca, desde donde, se sospecha, transportan a la costa andaluza tabaco y drogas.La ofensiva española contra la utilización de la colonia por el narcotráfico empezó a finales del invierno cuando Fernández Ordóñez lo denunció ante el Congreso, y poco después reiteró esta acusación al recibir a su homólogo británico, Douglas Hurd.

El titular del Foreign Office anunció entonces que su Gobierno aceptaba ampliar al Peñón el tratado bilateral sobre extradiciones y el acuerdo bilateral de 1989, que aún no ha entrado en vigor, sobre prevención y represión del tráfico ilícito de drogas.

Cuatro meses después, el ministro de Interior, José Luis Corcuera, tomó de nuevo la antorcha cuando se reunió en Dublín, el 14 y 15 de junio, con sus homólogos comunitarios en el marco del Grupo de Trevi. Corcuera se entrevistó entonces con el titular del Home Office, David Waddington, al que enseñó tres mapas operativos de la Guardia Civil que ilustran la creciente penetración de droga a lo largo de 120 kilómetros de costa. Para controlar el tráfico eficazmente, le dijo, Interior debería disponer de unos 5.000 hombres, un tercio de los efectivos británicos dedicados a la vigilancia costera y como no cuenta con ellos desea suplir esta deficiencia con una mayor colaboración del Home Office.