El Ministerio de Asuntos Exteriores pide a Suiza la extradición del presunto gal Francisco Paesa

El Ministerio de Asuntos Exteriores solicitó ayer al Gobierno suizo la extradición del presunto miembro de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) Francisco Paesa, al tiempo que pidió a las autoridades de Santo Tomé y Príncipe que levanten la inmunidad diplomática de la que goza este ciudadano español, que desempeña desde principios de año el cargo de embajador adjunto del país africano ante las organizaciones de Naciones Unidas en Ginebra. Exteriores recibió a principios de semana esta petición de la Audiencia Nacional y la tramitó ayer mismo.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores", afirma un comunicado de la Oficina de Información Diplomática (OID) dado a conocer ayer a última hora de la tarde, "ha iniciado la tramitación de¡ procedimiento de extradición del ciudadano español Francisco Paesa Sánchez, procesado, según informa la Audiencia Nacional, por delito de colaboración con banda armada (...)" y otros conexos.

"Siendo el señor Paesa en la actualidad representante permanente adjunto del Gobierno de Santo Tomé y Príncipe ante la oficina de la ONU en Ginebra", prosigue la nota de la OID, "el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha dirigido a ese Gobierno pidiendo la renuncia al disfrute del privilegio de inviolabilidad personal y la revocación del nombramiento del señor Paesa como representan te permanente adjunto para que la extradición pueda ser efectiva". Si no se levanta previamente la inmunidad del presunto gal las autoridades helvéticas no pueden entregarlo a la justicia española.

Considerado por los responsables de la lucha antiterrorista como el hombre que les condujo en el otoño de 1986 a la fábrica de muebles de Sokoa, en Hendaya, y permitió asestar el mayor golpe a la red de financlación de ETA, Paesa obtuvo, en agradecimiento a su labor, una discreta ayuda del Ministerio del Interior cuando fue procesado por la Audiencia Nacional por colaboración con banda armada, utilización de falsos documentos y obstrucción a la justicia.

El embajador adjunto está involucrado, según el fiscal de la Audiencia, en el asesinato a manos de los GAL del refugiado vasco Juan Carlos García Goena. También coaccionó a una testigo de cargo contra el subcomisario José Amedo y el inspector Michel Domínguez.

Concretamente, el nombramiento de Paesa como embajador adjunto, que equivalía a impedir su detención, fue negociado a finales de 1989 con el Gobierno de Santo Tomé por un comisario de la Brigada de Información íntimo amigo suyo, y para acabar de convencer a las autoridades del archipiélago africano, el Ministerio del Interior echó mano de los fondos reservados, según fuentes próximas al caso.

Ayuda española al desarrollo

El Gobierno de la ex colonia portuguesa, que encabeza Celestino da Costa, era ya entonces uno de los principales beneficiarios de la ayuda española al desarrollo en África subsahariana -recibirá este año unos 400 millones de pesetas-, sobre todo desde que aceptó acoger a etarras.

Sólo esa gestión directa del comisario de información explica cómo un pequeño país de 120.000 habitantes y de los más pobres del mundo (su renta per cápita es de 2.800 pesetas anuales) y carente de infrastructura diplomática en el extranjero pudo dar con Paesa para representarle en Ginebra.

Las autoridades de Santo Tomé explicaron el nombramiento a la prensa española asegurando que creían que un hombre con tantas relaciones en el mundo de las finanzas podía contribuir al desarrollo de su economía. Paesa, que mantuvo una relación sentimental con la viuda del presidente indonesio Sukarno, estuvo involucrado, sin embargo, a finales de los setenta en escándalos financieros que le llevaron ante los tribunales suizos.

En varias ocasiones, el titular de Interior, José Luis Corcuera, ha calificado de "auténtica falsedad e infundio" las insinuaciones de complicidad de su ministerio con la decisión de Santo Tomé de otorgar a Paesa estatuto diplomático. Corcuera incluso llegó a sostener que la policía se sintió "burlada" cuando supo la atribución a Paesa del estatuto diplomático.

Desmintiendo a Corcuera el diputado socialista suizo, Jean Ziegler, ha asegurado, sin embargo, que era "una vergüenza que el Gobierno español síga cubriendo a Paesa, sobre el que pesan tremendas sospechas".

Tanto el primer ministro del archiepiélago, Da Costa, como su titular de Asuntos Exteriores, Carlos da Graga, han repetido además hasta la saciedad que en cuanto el Gobierno español pida el levantamiento de la inmunidad del que actúa de hecho como embajador -la representación diplomática carece de titular- será complacido.

Buena disposición suiza

La Embajada suiza en Madrid, por su parte, ha aconsejado a su Gobierno que en el caso de Paesa no respete el llamado plazo de cortesía que se suele conceder a las personas que dejan de gozar de la inmunidad diplomática antes de proceder a su detención. Si Berna desoyese el consejo de su embajada, este plazo permitiría a Paesa, que reside en Ginebra, abandonar el país antes de ser detenido.