Paralizada la investigación de la Policía Judicial en el 'caso Guerra' por falta de fondos y medios.

El grupo de Policía Judicial adscrito a la Audiencia de Sevilla, que se dedica exclusivamente a la investigación del caso Juan Guerra, tiene paralizada varias líneas de investigación por falta de fondos y medios para desplazarse a varias ciudades españolas y europeas en las que aparecen indicios de la trama empresarial del caso, según informaron a este periódico fuentes cercanas a la investigación. La policía tiene previsto desplazarse a Valencia, Alicante, Madrid y Londres, además de solicitar una comisión rogatoria para investigar operaciones de empresas registradas en Gibraltar.

La Comisión de Coordinación Provincial de Policía Judicial de Sevilla, presidida por el presidente de la Audiencia de esa capital, Francisco Escobar Gallego, acordó ayer remitir dos peticiones a la Dirección General de la Policía y a la de la Guardia Civil recalcando la "urgente necesidad" de ampliar las unidades orgánicas de ambos cuerpos y las dotaciones de los grupos de Policía Judicial y Guardia Civil adscritos a la Audiencia de Sevilla.Estas unidades orgánicas cuentan en la actualidad con 43 funcionarios de la policía y 22 miembros de la Guardia Civil para la cobertura de toda la ,provincia de Sevilla. Ocho policías constituyen el grupo adscrito a la Audiencia sevillana, mientras que la Guardia Civil tiene destinados sólo cuatro miembros.

La responsabilidad de ampliar fondos y facilitar medios materiales para que los policías que investigan el caso Juan Guerra completen sus actuales diligencias es competencia de la Dirección General de la Policía, que ya fue requerida el pasado mes de febrero mediante una solicitud de ampliación de la dotación de medios materiales y humanos, según señaló ayer el presidente de la Audiencia de Sevilla, Francisco Escobar, y confirmaron posteriormente fuentes policiales.

Escobar destacó que existen 11 asuntos en los juzgados de Sevilla de una importancia extraordinaria que se encuentran paralizados por la necesidad de contar con una unidad de policía judicial adscrita". Entre estos casos se incluyen las diligencias de un sumario económico de gran importancia fiscal relacionado con pólizas de seguros.

El presidente de la Audiencia calificó de "preocupante" la situación que la falta de policía judicial ha creado en Sevilla y consideró "muy urgente" su ampliación, "porque los juzgados están colapsados".

La Audiencia ha solicitado también el incremento de las medidas de seguridad en las sedes judiciales. Escobar se remitió al secreto sumarial cuando se le solicitó un pronunciamiento sobre la denuncía de escuchas ¡legales del teléfono de la policía judicial, cuya investigación lleva a cabo otro grupo de la unidad orgánica dirigido por Manuel Piedrabuena.

Ensidesa

Por otra parte, José Fernando Castro Fernández, subdirector de gestión económica y financiera de la Empresa Nacional de Siderurgia (Ensidesa), confirmó ayer ante el juez Ángel Márquez que visitó a Juan Guerra. en varias ocasiones en su despacho de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Castro Fernández negoció con Juan Guerra ofertas para la finca La Carrascosa en dos visitas a Sevilla, el 22 de septiembre de 1988 y el 28 de octubre. Este día, según su declaración, Castro Fernández firmó en el citado despacho, el. documento privado de compraventa de la finca con Juan Guerra. Posteriormente, el directivo visitó a Juan Guerráel 28 de enero de 1989.

Tras su declaración ante el juez, Castro Fernández explicó el motivo de la venta: "Después de tres subastas públicas, en la que la mejor postura fue de 500.000 pesetas, y de tres años con seis ofertas distintas, la oferta de Juan Guerra fue la mejor de todas ellas, y a él se le vendió".

Preguntado sobre por qué Ensidesa redujo la valoración de la finca en fechas próximas a su venta, Castro afirnió: "En función de unas espectativas urbanísticas que luego no se cumplieron".

El subdirector de gestión económica y financiera de la Ensidesa no quiso opinar sobre si era normal que un directivo de una empresa pública acudiera a un despacho oficial del vicepresidente a vender una finca o si, por el contrario, lo normal es que el vendedor vaya al despacho del comprador. Castro mostró al juez un informe de Ensidesa sobre La Carrascosa, y fue preguntado por la venta del Polígono Fridex y la finca La Espaldilla, aspectos sobre los que no se revelaron datos.