Endogamia

EL EMPEÑO de los partidos políticos en no facilitar la transparencia y el control de sus finanzas es parejo a la reiterada benevolencia con que el Tribunal de Cuentas transige con el incumplimiento de exigencias básicas en cualquier actividad económica, máxime si se nutre de fondos públicos. El caso es que, con estas actuaciones, unos y otros están alimentando irresponsablemente las querencias antidemocráticas que pueden subyacer en la sociedad y desconocen con descaro las razones que justificaron en su día la asunción de esta carga por el erario público.La financiación de la actividad de los partidos políticos fue presentada como algo imprescindible para favorecer su independencia y su implantación popular, pero sólo podía ser socialmente aceptada si era transparente y el contribuyente recibía una puntual información del uso de los fondos entregados. Pues bien, tres años después de la puesta en marcha de este sistema, y de la celebración de varias contiendas electorales, no se ha logrado ni una cosa ni otra. Los partidos políticos siguen aferrados al más cerril oscurantismo en lo que se refiere a la clarificación de los fondos que manejan y el Tribunal de Cuentas no pasa de lamentarse de las dificultades que encuentra en su labor, a la vez que hace piadosas recomendaciones a quienes de manera reincidente se burlan de la ley.

En el informe remitido al Congreso de los Diputados sobre los gastos de los partidos políticos en las elecciones legislativas de octubre de 1989, el Tribunal de Cuentas reitera las mismas quejas que ya expuso a raíz de la fiscalización de las subvenciones estatales percibidas en el año 1987. Los partidos políticos ignoran olímpicamente sus obligaciones contables, lo cual imposibilita el control interno de los actos y documentos de contenido económico, y, a mayor abundamiento, la fiscalización externa de su actividad económico-financiera.

Pero ante este panorama lo que no cabe es lamentar las infracciones y permitir la conducta del infractor. Los órganos de control no pueden escudarse en la impotencia cuando tienen autoridad y medíos coercitivos a su alcance para hacer cumplir la ley, entre ellos el expeditivo de la retirada de la subvención pública al partido que se resista a aclarar sus cuentas. El control fiscal que se ejerce con rigor sobre el dinero de los ciudadanos tendría difícil justificación moral si se recurre a prácticas de manga ancha en el seguimiento del que circula institucionalmente.

El que sean los partidos representados en el Parlamento los electores de los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas no debería fundamentar sospecha alguna de complacencia por parte de éstos en la fiscalización de las finanzas partidistas. La vinculación con la soberanía popular de las instituciones del Estado es coherente con la naturaleza del poder democrático. Pero ello no puede llevar a una especie de endogamia institucional que, al imposibilitar el mutuo control de los órganos de poder, vicie todo el sistema y lo desacredite ante la ciudadanía. Es justamente lo que puede suceder si lo que la propia ley considera transparente -el uso y destino de los fondos públicos entregados a los partidos- se convierte en opaco por la connivencia interesada de los beneficiarlos y de quienes manejan los mecanismos de control.