Dos magistrados, a favor de las uniones de hecho

Los dos magistrados benjamines del Tribunal Constitucional, Vicente Gimeno Sendra, de 41 años, y Luis López Guerra, de 42 años, se pronunciaron en sendos votos particulares en contra del criterio de la mayoría del alto tribunal. Ambos coinciden en estimar constitucionalmente protegibles las uniones de hecho. Además de razones jurídicas, la experiencia personal ha podido avalar, en el caso de Gimeno Sendra, la equiparación entre la situación matrimonial y la extramatrimonial, ya que este magistrado, divorciado de su primera mujer, contrajo matrimonio con la que hoy es su esposa tras convivir con ella durante unos años.

En su voto particular, López Guerra discrepa de la decisión de la mayoría del alto tribunal y entiende que el artículo 160 de la Ley General de la Seguridad Social vulnera el principio constitucional de igualdad, en relación con el artículo 41 de la Constitución, que exige a los poderes públicos "un régimen público de Seguridad. Social para todos los ciudadanos". Estima López Guerra que la protección constitucional del matrimonio "no puede entenderse como la posibilidad ilimitada", dice, "de establecer tratamientos favorables para un conjunto de ciudadanos por el hecho de estar o haber estado casados, frente a los que no ostentan dicha condición".

Protección constitucional

Por su parte, Gimeno Sendra manifestó en su voto particular que coincide con el fallo mayoritario, pero discrepa de determinadas afirmaciones de la sentenela según las cuales las uniones conyugales de hecho "carecen de protección constitucional alguna". Este magistrado considera que tanto la familia jurídica como la natural "merecen ser protegidas por los poderes públicos". Preguntado ayer por este periódico para que ampliase su opinión sobre la sentencia, Gimeno Sendra declaró: "No puedo añadir ningún comentario a los razonamientos que figuran en mi voto particular".La abogada familiarista catalana María José Varela recordó que en octubre último, durante un congreso de juristas celebrado en Puerto Rico, discutió sobre este asunto con el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, con quien no coincidió sobre este punto. Varela pertenece a la corriente doctrinal que estima, según sus palabras, que "si la Constitución reconoce el derecho a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, existe libertad para configurar a familia de forma distinta al matrimonio, por lo que la intimidación legal para que se entre por la vía matrimonial es", dice, "de dudosa constitucionalidad".

Por su parte, Matilde Fernández, ministra de Asuntos Sociales, no quiso comentar la sentencia aduciendo que no la conocía en profundidad, pero se mostró muy "preocupada por los aspectos comentados por los medios de comunicación", según fuentes de ese departamento.

Izquierda Unida (IU) alertó sobre el riesgo de que se vuelva "a los tiempos del amancebainiento". "¿Vuelven los hijos ilegítimos?", dice el comunicado de IU.