La Comunidad quiere desprenderse de 32.000 casas antiguas para no costear su reparación

La Comunidad pretende desprenderse de las 2.168 viviendas que heredó de organismos como la Obra Sindical del Hogar y venderlas a sus inquilinos. Éstos suscribieron en los años cincuenta contratos de acceso diferido a la propiedad y en la actualidad pagan una media de 160 pesetas mensuales al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), organismo que tiene la obligación de mantener este patrimonio hasta que se transmita definitivamente. Entretanto, el Ivima proyecta su división en tres empresas públicas: una promotora de viviendas, una oficina de atención al público y una administradora de su patrimonio.

El director gerente del Ivima, Miguel Ángel Pascual, considera que el principal lastre para agilizar su gestión se encuentra en su patrimonio inmobiliario: cerca de 77.000 pisos, además de otros 8.500 en régimen de alquiler y con rentas que en ocasiones no alcanzan las 100 pesetas al mes. El Ivima gestiona también más de 35.000 viviendas, en buen estado, del programa de barrios en remodelación, que han sido vendidas a los antiguos ocupantes de chabolas e infraviviendas con plazos de amortización de 35 años.Sin embargo, el Ivima debe correr con el mantenimiento y reparación de 32.000 viviendas construidas en los años cincuenta y sesenta por organismos como la Obra Sindical del Hogar, con un régimen de acceso diferido a la propiedad de hasta 5 años. Estos alojamientos arrojan una media de 160 pesetas mensuales para las arcas de la Comunidad. El Ivima quiere desprenderse de este patrimonio mediante la liquidación de las amortizaciones pendientes, que en muchos casos no superan las 50.000 pesetas.

Renta mínima

De otro lado, en las viviendas alquiladas, la renta percibida no cubre ni el sueldo del cobrador de los recibos, aunque el Ivima corre con todas las reparaciones. "En estos momentos", señala Miguel Ángel Pascual, "hemos iniciado la rehabilitación del patrimonio de vivienda antes de proceder a una actualización negociada de los alquileres".

El director del Ivima advierte que la reestructuración de esta entidad no va a suponer una "privatización". "El Ivima posee competencias de la Administración, como la calificación de viviendas de protección oficial, de las que no va a desprenderse en ningún caso", precisa Pascual.

El pasado mes de enero se ha constituido una empresa pública, con capital suscrito al 100% por el Ivima, para la promoción de viviendas. Esta sociedad, de nominada Promotora de Viviendas de la Comunidad Autónoma de Madrid (Provicam), servirá, según el gerente del Ivima, para economizar costes y reducir la tramitación administrativa de los proyectos de construcción de hasta 6.000 viviendas al año. La sede de Provicam se instalará en un local de la Gran Vía de San Francisco el Grande.

De otro lado, buena parte de los recursos del Ivima están afectados por la calificación de las necesidades sociales de aloja miento y la fijación de los baremos económicos y familiares para adjudicar las viviendas. Para paliar estos problemas, el Ivima pretende crear una oficina de vivienda o ventanilla única para atender todas las peticiones de los ciudadanos en colaboración con la Consejería de Integración Social y los ayuntamientos. La ventanilla única se situará en un edificio de la plaza Elíptica.

El diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid Antonio Beteta considera que reconvertir un organismo autónomo en una empresa pública "induce al oscurantismo". En su opinión, un simple documento, que no exige más que la presentación de balance y resultados, basta para su control económico, ya que las sociedades de la Comunidad no están sometidas al control parlamentario de contabilidad y presupuestos. "No está acreditado que la transformación del Ivima en una empresa pública sirva para mejorar la gestión de un presupuesto de más de 36.000 millones en 1991", apunta Beteta.

El Partido Popular critica que en 1989 ha habido una pérdida en la eficacia de gestión de las inversiones directas del Ivima, que ha pasado del 50% en 1988 al 45% en 1989. A juicio del PP, "el fracaso en la gestión" ha obligado a desviar 8.935 millones en transferencias a otras empresas para que sean éstas las encargadas de edificar.