Las grandes potencias buscan en Madrid un acuerdo sobre la protección de la Antártida

Delegados de 26 países miembros consultivos del Tratado Antártico, reunidos desde ayer en Madrid en la segunda sesión de la XI Reunión Consultiva Especial del Tratado Antártico, cuya primera fase se inició a finales de 1990 en Viña del Mar (Chile), esperan lograr un marco jurídico que sirva para la protección global de la Antártida. Pero la tarea más ardua consistirá en llegar a un consenso sobre la explotación mineral del continente. En principio nadie apoya su explotación inmediata, pero un grupo de países ricos busca una moratoria temporal que deje abierta esa posibilidad en el futuro.

Los delegados reunidos en Madrid no deben encontrar grandes dificultades para alcanzar un marco legal que regule las actividades que puedan dañar el ecosistema antártico. Este instrumento jurídico, ya esbozado en la reunión de Viña del Mar, regularía los estudios de impacto ambiental, los vertidos de residuos o el turismo. Donde los países están más divididos es en la resolución que pueda tomarse sobre la explotación de los recursos minerales de la Antártida, sobre todo el petróleo y el aluminio, que se supone existen en grandes cantidades.El grupo de países compuesto por Australia, Francia, Bélgica, Italia, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Austria, Grecia, Rumania y Ecuador es partidario de una prohibición permanente de la explotación mineral y petrolífera de la Antártida. Pero otro grupo en el que se encuentran Reino Unido, Japón, Suráfrica, Alemania, Estados Unidos y la Unión Soviética son más proclives a imponer una moratoria de 40 o 50 años que posibilite las explotaciones minerales en el futuro.

La postura de España ha sido reflejada en el discurso de apertura de las sesisones de trabajo por el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez. "El Gobierno español", ha dicho Fernández Ordóñez, " es consciente de la responsabilidad que le incumbe de contribuir a finalizar los trabajos de Viña del Mar, proporcionando los medios para que se pueda avanzar en el camino del consenso. España se muestra especialmente sensible hacia el futuro del sistema antártico basado en el consenso y en la cooperación entre los Estados". "Consideramos que los muy aceptables resultados referentes a la concertación y al desarrollo de las investigaciones científicas justifican que el sistema antártico se mantenga en su configuración actual". Ahora existe una moratoria de explotación mineral, pendiente de una revisión del Tratado Antártico, que fue firmado en 1959 por doce países.

Las autoridades españolas estiman que debe trabajarse para lograr la "preservación del medio antártico en beneficio de la humanidad y del ecosistema en su conjunto, garantizando que toda actividad humana, en particular el turismo, sea compatible con la preservación de estos valores".

El presidente de esta reunión y también de la delegación española, Carlos Blasco, ha dicho que "es una postura unánime que no procede ahora la explotación mineral, pero hay quien defiende una moratoria y quien desea una prohibición permanente de la extracción de minerales, aunque esta postura no tiene mucho sentido. España defiende el máximo de protección para la Antártida. Es razonable que de esta reunión salga una posición convergente para que no se exploten los recursos minerales en un tiempo suficientemente largo. Después ya veremos si hay que buscar o no un consenso que permita esa explotación".

Parque mundial

Paralelamente a las reuniones oficiales, diversos grupos conservacionistas, entre ellos Greenpeace, Adena-WWF, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Antarctic and Southern Ocean Coalition (ASOC) han expresado su postura, que consiste en lograr que la Antártida sea declarada parque mundial. Según estas organizaciones, una declaración en ese sentido daría prioridad a la protección medioambiental por encima de cualquier otra actividad y excluiría la explotación comercial de minerales. Asimismo abogan para que la Antártida se mantenga como una zona de paz, libre de toda clase de armas y de cualquier actividad militar.James Martin Jones, de WWF, ha señalado que "la idea de declarar a la Antártida parque mundial es apoyada por 16 de los 39 países contratantes del Tratado Antártico, aunque un grupo encabezado por el Reino Unido y EE UU se muestra muy poco flexible y trata de mantener la opción de las explotaciones minerales". Esa opción fue aprobada por 19 países en la Convención de Wellington (Nueva Zelanda) de 1988, aunque no ha sido ratificada por todos ellos.