Nicaragua, por la unidad tras las revueltas callejeras
M. LOURDES PALLAIS El diálogo entre los poderes ejecutivo, legislativo y el Frente Sandinista parece posible tras finalizar la efímera 'Insurrección popular" desatada después que Daniel Ortega hiciera un llamamiento contra la actitud "desestabilízadora y terrorista" de sectores "revanchistas" a los que acusó de sabotear al Gobierno, derogando leyes que protegen la propiedad de miles de personas. La presidenta Violeta Chamorro enfrenta la mayor crisis desde que asumió el poder.
A la primera reunión de lo que podría ser esta negociación tripartita realizada ayer por la mañana, asistieron Antonio Lacayo, ministro de la Presidencia; Ortega, y Alfredo César, presidente de la Asamblea Nacional, según una fuente diplomática. Para entonces, las bombas se habían dejado de escuchar y las radios tomadas habían sido desaojadas. Sólo las oficinas del alcalde de Managua, Amoldo Alemán, permanecían ocupadas por rupos que demandan títulos de propiedad.Horas después de que sandinistas armados lanzaran bombas oficinas y residencias de políticos que defienden la derogación de las leyes, causando sólo unos pocos daños materiales, Ortega explicó que ésas y otras acciones fueron provocadas por una iniciativa "reaccionaria" cuyo objetivo final es desestabilizar el Gobierno, desmantelar el Ejército y "barrer con el sandinismo para imponer un régimen somocista".
Wilfredo Navarro, presidente del Partido Liberal Independiente (PLI), en cuya casa cayó una bomba que destruyó cristales y una puerta, declaró que el "responsable intelectual de lo sucedido a Daniel Ortega, porque fue él quien instigó a la violencia desde la semana pasada", La noche del martes unos "artefactos explosivos" destruyeron parte de la sede central de ese partido.
En una reunión con diplomáticos la noche del miércoles, Ortega, junto con Henry Ruiz, ex ministro de Cooperación Externa; Jaime Wheelock, ex ministro de Reforma Agraria, y Sergio Ramírez, jefe de los parlamentarios sandinistas, aseguró que el FSLN buscaba "una solución pronta, madura y responsable" a la crisis provocada por diputados empeñados en revertir las "conquistas" de la revolución y devolver propiedades a los ricos terratenientes.
Horas antes, Ortega había hecho un llamamiento a luchar "con la misma decisión que nos lanzamos al asalto de los cuarteles somocistas en la ofensiva final contra la dictadura" en 1979, alegando que la derogación de las leyes era equivalente a lanzar "una bomba contra el pueblo". En la misma reunión, Wheelock trató de explicar la distribución de 700.000 manzanas (hectáreas) entre febrero y abril del año pasado -periodo de transición en el que se les acusa de abusar de las leyes cuyo proyecto de derogación está ahora congelado en una comisión parlamentaria.-
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