La oposición denunciará judicialmente las asambleas del Atlético de Madrid

La oposición impugnará judicialmente las asambleas generales del Atlético de Madrid, celebradas el pasado martes. El grupo ya ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, pero, como desconfían de su eficacia, expondrán el caso finalmente ante los tribunales.Enrique Sánchez de León, uno de los cuatro socios a los que la directiva expulsó del club y miembro del sector opositor, considera que en la asamblea se cometieron multitud de ilegalidades. "Gil no estaba legitimado para convocar asambleas, ya que su periodo de mandato había concluido. Tampoco hubo la información suficiente. Los balances no venían acompañados de su consiguiente auditoría".

Una de las cuestiones que más le preocupa son los 2.000 millones de pesetas que le adeuda el club a Gil, según dice. "No hay ninguna referencia a que esos préstamos estén autorizados previamente por el club. Nadie sabe si es verdad o no", dijo Sánchez de León, para quien las propias palabras de Gil pusieron de manifiesto la irregularidad de sus cuentas: "Públicamente ha dicho que se ingresan y gastan cantidades que no se contabilizan".

Sánchez de León estima que la solución aprobada por los compromisarios para saldar la deuda con Gil es ilegal: "La ley del deporte prohibe que una deuda pueda ser canjeada por acciones. Además, si el CSD le exigió a Gil un aval de responsabilidad de las deudas que generara el club durante su gestión, debería él más al Atlético de lo que dice que el club le debe a él".

Peligro de quiebra

Rafael Cortés Elvira, director general de deportes, comentó, en declaraciones a la agencia Efe, que el Atlético de Madrid no podrá ampliar su capital hasta que el consejo de administración así lo apruebe. Sin embargo, como explicó el día de la asamblea José Luis Sierra, asesor jurídico de Gil, en el caso de que los accionistas no acepten la ampliación de capital se ejecutaría en el acto la deuda de 2.000 millones de pesetas y el club podría declararse en quiebra.

El director general de deportes afirmó que la nueva ley del deporte "posibilita que el capital esté muy repartido, puesto que los primeros que tienen derecho a comprar las acciones son los socios". Si prospera la estrategia de Gil, como así parece después del "mandato político no legal" que obtuvo de la asamblea, aunque cada socio retirase todas las acciones a las que tiene derecho, el accionista mayoritario del club sería su actual presidente, por el canje de la deuda en acciones.

Las denuncias de la oposición previas a la asamblea no impidieron que Gil sacara adelante todas sus propuestas, como la aprobación de las cuentas de los últimos ejercicios y el presupuesto de la presente temporada.