Un dilema sindical

LA AUTORREGULACIÓN del derecho a la huelga es uno de los aspectos principales que contemplan las actuales negociaciones entre el Ministerio para las Administraciones Públicas y los sindicatos. Forma parte del empeño por la mejora y modernización de la función pública y entronca con el convencimiento que comienza a ser compartido por las centrales sindicales- de la necesidad de encontrar fórmulas que eviten los importantes perjuicios que producen las continuas huelgas salvajes en dichos servicios. En Renfe, por ejemplo, cuyas huelgas han puesto con frecuencia en una situación insostenible al usuario del transporte por ferrocarril, se intentó hace tiempo encontrar fórmulas reguladoras del derecho constitucional de huelga que permitieran compatibilizar su ejercicio con la sensata asistencia a los usuarios.La iniciativa actual, esbozada al hilo de las negociaciones que mantienen la Administración y los principales sindicatos del sector (CC OO, UGT, CSIF y ELA), tiene mayor alcance. Si se logra un acuerdo afectará a cerca de 700.000 trabajadores de la Administración civil del Estado, pertenecientes a sectores tan fundamentales como Sanidad, Educación y Correos. Pero su importancia radica, sobre todo, en la influencia decisiva que puede tener para la solución global y razonable de los efectos que provoca el ejercicio desaforado del derecho de huelga en los servicios públicos, tanto en la sociedad como en la propia economía nacional.

El que este tipo de propuestas comiencen a formar parte del paquete negociador entre sindicatos y gestores públicos es una prueba de que ambas partes son conscientes de los riesgos que corren si no logran minimizar en lo posible los daños sociales originados por los conflictos en el sector público. Los gestores deben propiciar un modelo de relaciones laborales que incluya fórmulas pactadas con las organizaciones de los trabajadores, para evitar la sistemática obstaculización de la prestación de los servicios encomendados. Los sindicatos deben asumir, por su parte, con rigor los límites del sentido común, el que sugiere no trasladar intransigentemente a los usuarios las discrepancias salariales o de gremio. Un sindicalismo responsable no puede permanecer impasible ante el perjuicio inferido a las clases populares, que son, precisamente , las más afectadas por este tipo de huelgas.

La propagación de la tesis de que las organizaciones sindicales son anacrónicas en el final del siglo depende, en buena medida, de la capacidad de respuesta de las organizaciones de los trabajadores. El dilema es claro: o los sindicatos se adelantan con propuestas razonables y equilibradas y comprometen a gobernantes y gestores públicos en su puesta en práctica o habrá quienes, más bien pronto que tarde, impondrán la regulación restrictiva del derecho de huelga con la probable comprensión de una opinión pública martirizada periódicamente.