Los socialistas, con el apoyo de CiU y PNV, exculpan a García Valverde en el 'caso Renfe'

CAMILO VALDECANTOS, Los grupos parlamentarios del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y de Convergència i Unió (GU) votaron primero a favor de que el Congreso considerase "responsable político" al ex presidente de Renfe Julián García Valverde, pero a continuación dieron también su voto afirmativo a la enmienda transaccional del PSOE que elimina el concepto de responsabilidad política y establece que García Valverde "responde" del nombramiento de su asesor inmobiliario José Luis Pinedo y de ordenar a Equidesa la operación de compra de terrenos para construir un enlace de ferrocarril en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. El texto final del dictamen, que aprobó ayer el Congreso, obtuvo en su conclusión sexta los votos favorables de los socialistas, PNV, CiU y del diputado de las agrupaciones canarias Luis Mardones. Los demás grupos se opusieron.

Como era previsible, el debate de la comisión de investigación del llamado caso Renfe se centró en torno a la declaración o exculpación de García Valverde como responsable político. Los votos de los grupos nacionalistas eran, según se sabía de antemano, los que podían prestar apoyo a la postura intransigente del Grupo Socialista para admitir de manera expresa tal responsabilidad. Desde el día anterior se supo que el Grupo Catalán apoyaría la solución final muy descafeinada que propuso el Grupo Socialista. Pero existían serias dudas respecto a lo que el Grupo Vasco fuese a mantener finalmente en el debate.Eduardo Vallejo, portavoz del grupo y miembro de la comisión investigadora, rizó el rizo de la sutileza parlamentaria cuando en su primera intervención mantuvo con energía que era necesario que el Congreso declarase la responsabilidad política de Julián García Valverde de forma expresa "debido a su negligencia en el desempeño de sus funciones". La enmienda de los vascos explicaba que el nombramiento de Pinedo como asesor inmobiliario y el conjunto de operaciones irregulares que se desencadenaron tenían origen en la actuación de García Valverde. Y de acuerdo con ello al llegar la hora de las votaciones mantuvieron tal enmienda.

La relativa sorpresa saltó cuando después de haber votado aquella enmienda suya volvieron a votar favorablemente el dictamen final que incluye la transacción descafeinada propuesta por los socialistas y que habla de que García Valvefde "responde" del nombramiento de Pinedo y de sus órdenes a Equidesa.

La intervención del representante catalán y también miembro de la comisión, Salvador Sedó, mereció también especial atención del hemiciclo. Sedó adelantó que su grupo retiraba el voto particular en el que se exigía la declaración de responsabilidad política para García Valverde, pero sorprendió a los diputados con una larga explicación etimológica trayendo a colación el diccionario etimológico de Casares para asegurar que el responder, a secas, implica mayor gravedad que el concepto de responsabilidad política.

Cargo público

Lo cierto es que todo el mundo habló de tal responsabilidad, pero sólo el representante catalán se atrevió a definirla como Ia responsabilidad en el ejercicio de las competencias atribuidas a un cargo público". Además Sedó lanzó de modo contundente la última justificación a su postura: si no hubiese sido porque nosotros aceptamos la enmienda transaccional del PSOE -vino a decir el diputado catalán- el dictamen final que hubiese aprobado este Parlamento no hubiese contenido ni la más leve mención a la responsabilidad de García Valverde, ya que el PSOE se oponía de modo tajante y sólo aceptó la fórmula que finalmente votaron peneuvistas y catalanes.

El resto del debate se inició con un resumen de los trabajos de la comisión hecho por su presidente, el socialista José Félix Sáenz Lorenzo. Siguió una exposición del representante del CDS Rafael Martínez Campillo en la que se opuso abiertamente a la justificación política de la operación. Martínez Campillo negó que se puedan obtener plusvalías mediante la venta de terrenos para dedicarlas a equipamiento público: "Se especula cuando se compra con información privilegiada". El debate se agrió de manera notable con la intervención del representante popular, Felipe Camisón, que descalificó totalmente el dictamen de la comisión e insistió en que era necesario extender la responsabilidad, no sólo al ex ministro de Transportes José Barrionuevo y al presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, sino incluso al presidente del Gobierno, Felipe González, y a su Gabinete.

Camisón provocó pateos en los bancos socialistas. El diputado popular no dudó en asegurar que lo ocurrido es "una actuación inmobiliaria especulativa que, además, degeneró en una perversa merienda de negros, ¡con perdón de los negros y de sus meriendas!, cuyos responsables penales serán -ya lo dictaminarán los jueces- los que se llevaron el dinero de Renfe".

Jerónimo Andreu, de IU, estuvo vehemente en su tono para pedir que se declarase la responsabilidad de García Valverde y para descargar largas y duras acusaciones contra la actuación del ex ministro Barrionuevo y del presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Joaquín Leguina. Andreu mostró su alarma por la falta de control en la empresa pública.

Jenaro García-Arreciado, en nombre del Grupo Socialista, fue contestando uno por uno a los portavoces de los distintos grupos y acabó manteniendo un duro enfrentamiento personal con el representante popular, Camisón, en su segunda intervención. García-Arreciado se mostró contundente a la hora de declarar que su grupo no toleraba la más mínima insinuación de responsabilidad política para García Valverde.