España teme la "invasión" del Norte

Cuando aún faltan por concluir la ratificación del Tratado de la Unión Europea, aprobado en Maastricht, y la adopción de sus implicaciones financieras, se perfila ya el siguiente gran reto, probablemente el más arduo, al que deberá hacer frente la Comunidad Europea (CE): la ampliación a 18, 20 o hasta 30 miembros. Orgulloso de haber sido de los primeros en iniciar una reflexión sobre este nuevo desafío, el Gobierno español se distancia, curiosamente, de los pronunciamientos a favor de reforzar el carácter federal de la CE, y preconiza un papel más destacado para los grandes Estados miembros, entre los que no duda en incluir a España, hasta apoyar la creación de un directorio.

Felipe González lo volvió a recordar el martes pasado cuando recibió a su homólogo portugués, Anibal Cavaco Silva: no puede haber ampliación hasta que no se aprueben las llamadas perspectivas financieras para el próximo lustro, que prevén un incremento de casi un tercio del actual presupuesto comunitario para ayudar, a través de un fondo de cohesión, a la mejora del medio ambiente y a construir infraestructuras en los socios menos desarrollados de la CE.Las perspectivas se perfilarán, probablemente, en la cumbre europea de Edimburgo en diciembre, y será en ese foro donde tendrá lugar el gran debate entre los jefes de Gobierno de los Doce sobre la ampliación, un tema del que habrán, sin embargo, empezado a discutir en el anterior Consejo Europeo, a finales de junio en Lisboa.Ante la avalancha que se avecina, la Comisión Europea y algunos Gobiernos han empezado a reflexionar sobre cómo reformar las instituciones comunitarias para lograr que sigan funcionando con un mayor número de miembros. "Sin duda, en 1996 tendrá que plantearse una adaptación institucional a una Comunidad con un mayor número de miembros", recalcó González.

Tres ejes de reflexión se diseñan. El primero, el del Reino Unido, que presidirá la CE a partir de julio, y que apenas considera necesarios algunos retoques institucionales. "Su objetivo es evitar que la Comunidad se ahonde", comenta un diplomático español, "y el ingreso de nuevos miembros acabará así diluyéndola políticamente, mientras, desde un punto de vista económico, se asemejará más a una zona de libre cambio".

Las ideas del presidente de la Comisión, Jacques Delors, que empezará a desvelar en Lisboa, son diametralmente opuestas a las británicas. Supondrán, según sus propias palabras, "un choque político, intelectual e institucional para las capitales de los Doce que no son lo suficientemente conscientes de lo que debe ser una Comunidad dispuesta a acoger hasta 35 miembros. Debemos darnos cuenta de que la ampliación no debe hacerse en detrimento de la profundización" de las instituciones.

En un primer informe redactado hace seis meses y en conversaciones ulteriores con algunos jefes de Gobierno, Delors se muestra partidario de suprimir el derecho de cada Estado miembro a disponer de por lo menos un comisario, así como de rebajar la mayoría cualificada necesaria -54 votos sobre 76- para tomar decisiones rutinarias en el Consejo de Ministros de la CE y de reforzar el papel del órgano que dirige mediante la elección de su presidente por el Parlamento Europeo. Convertida en un auténtico Ejecutivo europeo, la Comisión debería desarrollar la política exterior de la CE.

Opción federalista

Hace tan sólo unos años, España hubiese apostado por esta opción federalista propuesta por Delors. Tras seis años y medio de pertenencia a la CE, la diplomacia española tiene hoy una visión menos idílica de la Comisión Europea, en la que, a pesar de la creciente sensibilidad de su presidente por los países mediterráneos, ve sobre todo un órgano burocrático cuyas iniciativas se corresponden con los intereses de los Estados fundadores.

"Nuestros dos comisarios no logran siempre enderezar esta tendencia y aún nos vemos obligados", comenta un alto funcionario español, "a parar en el Consejo de Ministros demasiados proyectos que no nos favorecen". De ahí que España sea reacia a reforzar el papel de la Comisión y preconice un nuevo reparto de poderes en el seno del Consejo de Ministros y en las demás instituciones. La ponderación del voto en el Consejo de Ministros otorga, por ejemplo, a España un 60% más de peso que a Bélgica, cuando su población es un 400% superior.

"Si se mantienen las actuales reglas de juego", prosigue el mismo funcionario español, "la ampliación supondría para nosotros una doble desventaja: con la entrada de países pequeños disminuiría el peso relativo de España, y como los nuevos miembros serán, en su mayoría, septentrionales, los intereses de los mediterráneos quedarán aún más relegados".

"Si", subraya otro alto cargo, "para defender determinados intereses del área mediterránea, dejamos de poder formar, en una Comunidad ampliada, una minoría de bloqueo con, por ejemplo, Italia y Grecia, vamos a resultar muy perjudicados". Entre el Reino Unido y la Comisión, la diplomacia española se dispone, por tanto, a preconizar una tercera vía para la reforma institucional, consistente en reforzar el papel de los grandes Estados.

"No vamos a llegar a pedir que el número de votos de cada país en el Consejo de Ministros", prosigue la misma fuente, "sea proporcional a su peso demográfico, pero sí creemos que debe haber una mayor correlación, como la hay en los escaños del Parlamento Europeo. Si se lleva a cabo la reducción del número de comisarios, algunos pequeños también deberán prescindir de contar con un miembro en la Comisión, mientras otros grandes podrían mantener a dos".

González respalda incluso la idea lanzada recientemente por algún eurodiputado alemán de que los "pesos pesados" de la CE formen un directorio que dirija la integración europea, y da por descontado que España quedará incluida en ese "liderazgo colectivo" de países, una expresión que empleó en una entrevista con el diario portugués Público.

Ésto", replicaba Pinheiro, "sería inaceptable para los países pequeños y supondría el fin de la Comunidad Europea". A pesar de que no está aún servido, el debate sobre la reforma institucional promete ser más arduo que el de la Unión Europea que concluyó en Maastricht.