Escasez de agua

CON SEQUÍA o sin ella, España está obligada, de acuerdo con su régimen pluviométrico, a realizar en todo tiempo una política rigurosa de racionalización de sus recursos hídricos. Actuar por decreto en este campo puede estar justificado para paliar efectos coyunturales, pero los problemas de fondo deben ser abordados desde los presupuestos de una política cuidadosamente planificada, con participación solidaria de todas las instancias responsables: Gobierno central, Gobiernos de las comunidades autónomas y confederaciones hidrográficas, principalmente.El temporal de nieve de primeros de abril congeló momentáneamente las medidas previstas para hacer frente a las secuelas perceptibles -fundamentalmente daños en la agricultura y en la ganadería y riesgo de desabastecimiento en poblaciones y zonas turísticas- de una temporada invernal especialmente parca en lluvias como la de 1992. Pero, pasado ese respiro pluviométrico, la escasez de lluvias primaverales ha vuelto a agudizar una situación que de meramente "preocupante", en terminología oficial, ha pasado a ser claramente "alarmante". Los dos decretos aprobados ayer por el Consejo de Ministros -uno de medidas urgentes para regular el abastecimiento de agua y otro específico de ayudas a agricultores y ganaderos- responden plenamente a las necesidades de esta situación.

A estas alturas ya puede hacerse un balance de los quebrantos económicos -principalmente por pérdida de cultivos, por tierras obligatoriamente dejadas en barbecho y por escasez de pastos- que la sequía ha ocasionado en los sectores agrícola y ganadero. El Centro Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA) los cuantifica en 235.000 millones de pesetas, y es probable que la cifra final sea mayor si la lluvia no cae, de aquí a mediados de junio, en cantidad más abundante que hasta ahora. El Gobierno ha arbitrado una serie de medidas con el fin de que agricultores y ganaderos puedan resarcirse de esas pérdidas: garantías de cobro de los correspondientes seguros en unos casos, o de indemnización compensatoria en otros; créditos baratos para la compra de piensos y aplazamiento del. pago de las tarifas de riego, entre otras.

Pero es el decreto de medidas urgentes para paliar la escasez de agua el que intenta influir de algún modo en las causas y no en los efectos de la sequía. La reordenación de los recursos hídricos existentes en las cuencas más afectadas -Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Júcar y Segura-, el trasvase solidario de los mismos, el agravamiento de las sanciones contra su contaminación y la limitación del consumo de agua en las zonas urbanas, en gran medida derrochador, constituyen el núcleo de las medidas adoptadas por el Gobierno. Medidas que no deberían ser en modo alguno coyunturales, sino constituir, junto a otras, las piezas esenciales de una política hidráulica de carácter permanente.

Una política de aguas previsora debe tener cada vez más como objetivos prioritarios la acumulación de reservas y la racionalización de su consumo. El primer objetivo corresponde enteramente a la iniciativa de los poderes públicos, pero el segundo queda en manos, mayoritariamente, de los ciudadanos. Que España sea, después de Estados Unidos y Canadá, el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que más agua consume por ciudadano -cerca de 1.200 metros cúbicos al año- se aviene mal con su condición de país seco. Como el régimen pluviométrico es el que es, no queda otra salida que moderar el consumo disparado, industrial y humano, y potenciar las políticas de almacenamiento.