Solchaga: "No compraré paz social a costa de desvirtuar los objetivos del plan de convergencia"

El ministro de Economía, Carlos Solchaga, destacó ayer en Toledo que, aunque un clima de concertación social sería mejor para abordar los retos de la economía española, no estaría dispuesto a "comprar la paz social a costa de desvirtuar los objetivos del plan de convergencia", y señaló que ello "sería demasiado caro para la sociedad española". El ministro, que clausuró la conferencia La Europa de Maastricht: soluciones a un reto, organizada por la Caja de Castilla-La Mancha, se mostró muy preocupado por los datos de destrucción de empleo que revela la última encuesta de población activa y, sobre todo, porque éstos coincidan con unos aumentos salariales, según Solchaga, de entre el 8,5% y el 9%.

A la luz de las últimas cifras que demuestran que la economía española se está desviando de los objetivos fijados por el Gobierno para este año, el titular de Economía admitió: "vivimos una situación delicada y relativamente difícil, aunque no más que en otros países de Europa. El Gobierno no se va a quedar frío ante este pulso de acontecimientos que se van a corregir", aseguró.Solchaga hizo especial hincapié en la destrucción de 109.000 empleos que se ha registrado en el primer trimestre del año. "Confieso que la evolución del empleo ha sido peor de lo que yo había previsto", dijo y destacó que este dato tiene mayor gravedad "porque coincide con la noticia de- los salarios por persona han aumentado un 8,5% y la ganancia por trabajador un 9%". El ministro advirtió que si a la disminución de la demanda no se adaptan los incrementos salariales "se aumentará la destrucción de empleo".

Mejorable

El responsable de Economía aseguró que la orientación de la política económica es la adecuada aunque "se puede mejorar". Explicó que aún en ausencia de Maastricht, "habríamos de introducir políticas consistentes con la consecución de metas semejantes a los objetivos marcados por la CE". En este sentido, destacó que la concertación social sería beneficiosa, para afrontar los retos de cara a la convergencia con la Comunidad. Pero dejó bien claro que no compraría esta paz social a costa de "desvirtuar" los objetivos del plan del Gobierno.

El ministro señaló que la pasada cumbre de Lisboa había sido buena para reducir la incertidumbre creada tras el no danés y destacó que la introducción de la cohesión como principio básico admitido por todos los miembros era de por sí un logro. Restó importancia a la posibilidad de que el fondo se retrase y negó que ello dificultara la convergencia europea. "El fondo son 1.500 millones de ecus para el primer año (1993), que es una cantidad extraordinariemente pequeña [a España le corresponde el 60%: 120.000 millones de pesetas], si se compara con el importe del gasto público, por ejemplo".

Anteriormente habían intervenido José Bono, presidente de la Comunidad de Castilla La Mancha; Miquel Roca, portavoz en el Congreso de CiU; Claudio Aranzadi, ministro de Industria y dos periodistas de la revista The Economist. Bono expresó que la necesidad de reducir el déficit implicaba la disminución del gasto público y apeló a responsabilidad de políticos para que no hicieran planteamientos demagógicos.

Miquel Roca subrayó que con Maastricht o sin Maastricht habría, que aplicar la misma política económica que aplicaba el Gobierno, ya que en su opinión lo determinante es la mejora de la competitividad. Se mostró contrario a convocar un referéndum y reclamó una política fiscal más favorable al ahorro, a la inversión y volvió a pedir la regularización de balances.

Roca también expresó su inquietud por el excesivo peso de Alemania en la Comunidad Europea y propugnó un mayor protagonismo de España en el proceso de construcción de la unidad europea.

Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, diputado en las Cortes, afirmó que tras el no de Dinamarca, el tratado de Maastricht estaba "técnicamente muerto", pero quitó relevancia a este hecho ya que, en su opinión, lo importante era seguir adelante con el proceso político de la construccción europea que "permenecía vivo".

Rodríguez de Miñón se mostró partidario de la idea lanzada por el presidente Felipe González de dirigir la Comunidad a través de un directorio y criticó las contradicciones y difíciles interpretaciones de algunos artículos del Tratado como los relativos a la subsidiariedad.

Rolland Dallas, periodista del semanario británico The Economist, cuestionó el derecho de España a acceder a los fondos de cohesión al ser un país "tan rico como Italia o el Reino Unido".