España más federalista que la Comisión ante la ofensiva británica

, El Gobierno español entregó ayer al Consejo de Ministros de la CE su propio memorándum sobre el principio de subsidiariedad, previsto en el Tratado de Maastricht y situado, a estas horas, en el centro del debate sobre los poderes de la Comisión Europea y sobre el alcance político de la propia Comunidad. España adopta una posición más radical que la propia Comisión en defensa del acervo jurídico comunitario y del carácter potencialmente federal de la construcción europea tal como se dibuja en Maastricht.

El principio de la subsidiariedad fue incorporado por primera vez a la legislación comunitaria con el Tratado de Maastricht. Según la interpretación más llana, significa limitar la acción de la CE a los campos en que sea estrictamente necesaria y ha sido utilizado por algunos países, como Gran Bretaña, para intentar recortar los poderes de la Comunidad.El memorándum español echa un capote al presidente de la Comisión, Jacques Delors, pues le permite jugar un papel moderado y centrista, flanqueado por el radicalismo antifederalista británico y danés, por un lado, y por la ortodoxia comunitaria representada por España.

El Gobierno español no había pensado aportar ningún nuevo texto a la abundante bibliografía suscitada por el principio de subsidiariedad. Inicialmente limitó su acción al bloqueo del proyecto británico, consistente en crear una prueba de la subsidiariedad, que podía convertirse en un procedimiento de guillotina para las iniciativas de la Comunidad. Si un país pedía la prueba bastaba la mayoría simple de los Doce para que la legislación sobre el tema se aparcara definitivamente.

El papel español niega la posibilidad de aplicar la subsidiariedad antes de la entrada en vigor del Tratado, tal como querían los británicos. Defiende el acervo jurídico comunitario, frente a la revisión de algunas normas de la CE a la luz de la subsidiariedad solicitada por la reciente cumbre de Birmingham. Y rechaza la posibilidad de que sea introducido como una cuestión previa al debate de cualquier iniciativa legislativa, así como la eventual suspensión sine die de un debate en nombre de tal principio.

Documento de síntesis

De hecho, el documento fundamenta jurídicamente la posición mantenida por España en el Consejo de Ministros. La presidencia británica ha manifestado su intención de ofrecer un documento de síntesis sobre la subsidiariedad, basado en los numerosos textos ya presentados (Comisión Europea, Alemania, Grecia y Benelux, así como el Libro Blanco danés). Fuentes españolas manifestaron su temor a un olvido de sus posiciones por parte británica, en caso de que no se hubiera llegado a plasmar en un texto bien claro y fundamentado.

El Gobierno español considera que el debate sobre la subsidiariedad no debe versar sobre las competencias exclusivas o compartidas de la Comunidad, sino sobre los objetivos de la CE. La subsidiariedad debe acordarse con los procedimientos que más faciliten la obtención de los objetivos marcados por el Tratado de la Unión Europea.

Así, según España, la subsidiariedad no debe entenderse en un solo sentido, para devolver competencias a los Estados o a las regiones, sino que también puede entenderse como una obligación de actuar por parte de la Comunidad. El ejemplo que facilita España es altamente sintomático, pues versa sobre la cohesión económica y social que "deberá desplegar sus efectos tanto en el ámbito de las competencias exclusivas de la Comunidad como en el de las competencias compartidas". España está dando una dura batalla para la obtención de los fondos de cohesión que acompañen al esfuerzo de convergencia económica.