Un juez investiga presuntas estafas y falsedades en Macosa y toma declaración a sus ex gestores'

El juez Lluís Pascual Estivill está llamando a declarar a los ex gestores de Macosa -Eduardo Santos y Juan Llopart, entre otros-e investiga presuntas estafas y falsedades en la empresa, a partir de una querella presentada por accionistas minoritarios. La instrucción investiga supuestas irregularidades en la venta del principal activo de Macosa -Diagonal Mar, valorado en 30.000 millones-, un gran complejo inmobiliario situado en Barcelona en el que Kepro, el actual propietario, proyecta construir 5.000 viviendas y un parque de oficinas.

Esta venta y la condonación de 1.500 millones de pesetas correspondientes a los intereses de un préstamo del Banco Central, a Macosa son las principales líneas de investigación judicial. La intervención del juez obedece a la denuncia presentada por un grupo de pequeños accionistas representados por el abogado Francesc Jofresa.En el sumario abierto se afirma que la venta de Diagonal Mar a Kepro se realizó muy por debajo de su valor real y que la empresa no ingresó la totalidad' de la cifra pagada por el comprador. Kepro abonó 12.000 millones de pesetas y de esta cantidad, 700 millones se entregaron a través de una sociedad interpuesta, según refleja el sumario. El actual valor de estos terrenos supera los 30.000 millones, según una auditoría encargada por Macosa.

. En la venta participaron Eduardo Santos y F. Albiñana, a la sazón presidente y consejero delegado de Macosa respectivamente, según declaró Juan Manuel Rosillo, consejero delegado de Kepro, ante el juez instructor el pasado 21 de octubre. El magistrado ha tomado declaración en fechas recientes a los ex gestores de Macosa, a los gestores de Arco, SA -denominación actual de Macosa- y al consejero delegado de Kepro.

Las diligencias judiciales abiertas tienen su origen en la acusación de los accionistas minoritarios contra los gestores de Macosa por la revalorización supuestamente irregular del activo de la empresa en el balance de 1988.

Aquella revalorización -efectuada sobre los terrenos de Diagonal Mar- permitió a Macosa presentar un beneficio de 7.500 millones de pesetas. Esta revalorización contable del terreno levantó expectativas al accionariado sobre el patrimonio de la empresa, que después, se frustraron al advertir el precio real de la venta. La investigación judicial se centra ahora en la venta de Diagonal Mar y la condonación de los intereses de un préstamo bancario, "como supuestos delitos conexos con el que provocó la demanda", señalan medios judiciales.

Eduardo Santos ha declinado efectuar personalmente comentarios a este diario, aunque espera que la instrucción demuestre que actuó de "conformidad con la ley y en beneficio de la empresa que gestionaba", señala Pedro Nueno, ex consejero de Macosa.

La entrada de Cofir

Macosa ha pasado recientemente a denominarse Corporación Arco, SA. Desde 1988, el capital de Corporación Arco ha tenido una lenta penetración de Cofir (controlada por el financiero italiano Carlo de Benedetti y por el Banco Zaragozano) hasta desembocar en la fusión Cofir-Arco, aprobada por las juntas de accionistas de ambas compañías el pasado mes de julio.

Recientemente el juez tomó también declaración a José Ramón Álvarez Rendueles (presidente del Banco Zaragozano), Juan Llopart (ex consejero delegado de Cofir), Pedro Fontana (ex consejero de Macosa), vinculados a Cofir y que ocuparon cargos en el consejo de Corporación Arco en las fechas en que se se hizo la citada revalorización. Llopart manifestó a este diario que las revalorizaciones de 1988 se efectuaron de "conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y el reglamento de auditoría".

Los directivos de Macosa han explicado al magistrado por qué el Banco Central condonó a Macosa una deuda de 1.500 millones correspondiente a los intereses de un préstamo cuyo capital había sido amortizado. Ayer mismo prestó declaración ante el juez Luis Blázquez, consejero director general del Banco Central Hispano. Blázquez argumentó posteriormente ante los periodistas que la condonación obedeció a un pacto de la entidad con el Ministerio de Industria dentro del Plan de Reconversión Siderúrgica para ayudar a este sector.

Esta condonación se efectuó cuando Eduardo Santos estaba todavía en la empresa. Posteriormente, cuando los directivos de Cofir -Llopart y Pedro Fontana- pasaron a ocupar los puestos en el consejo de Macosa corrigieron el hecho de que la condonación no figurara en el balance de la empresa y se reflejó como beneficio atípico.